Población, inmigración y precios

Cataluña, acompañada de la Comunidad Valenciana y Baleares, defiende que el criterio principal para repartir los fondos sea la población, criterio corregido por la inmigración (que desde otras autonomías se recuerda que genera gastos, pero también riqueza) y por el nivel de precios. Su propuesta es la financiación autonómica sirva para sostener la educación, la sanidad y los servicios sociales. El Gobierno sostiene que en estos tres tipos de servicios se aglutina el 90% de los gastos de las autonomías que financia el Estado (otras comunidades sostienen que son solo el 75%). Quedarían fuera de esta financiación de «servicios básicos» la justicia, o el costeo de infraestructuras. Las autonomías más ricas que quejan de que los recursos que reciben por habitante son menos que los de las comunidades menos favorecidas.