El Congreso rechaza el contrato de integración para inmigrantes

Los grupos parlamentarios del Congreso han rechazado una proposición no de ley presentada por el PP que instaba al Gobierno a poner en marcha un contrato de integración obligatorio para los inmigrantes que se establezcan en España. El diputado del PP que ha defendido la propuesta, Rafael Hernando, ha explicado que el contrato, que debería suscribirse al solicitar la primera renovación del permiso de residencia, obligaría al inmigrante a cumplir la ley, respetar los principios y valores constitucionales, aprender la lengua, pagar impuestos y cotizaciones, trabajar activamente para integrarse y retornar a su país cuando no tenga empleo ni medios. A su vez, el contrato comprometía a la Administración a garantizar al inmigrante los mismos derechos y prestaciones que a un español, ayudarle en su integración, respetar sus valores y creencias -siempre que no vulneren los derechos humanos, la Constitución o la legislación española-, facilitarle el aprendizaje de la lengua, darle formación para el empleo y colaborar en su retorno si carece de medios. Además, el contrato llevaría aparejados «mecanismos de evaluación» para hacer un seguimiento del cumplimiento del contrato. La propuesta del grupo popular ha sido rechazada de plano por todos los diputados que han intervenido en el debate. La diputada socialista María Concepción Gutiérrez del Castillo ha denunciado que la propuesta del PP es «inútil, redundante y degradante» para los inmigrantes porque este colectivo «ya está sujeto a los mismos derechos y deberes que los españoles», entre otros aspectos. En su opinión, el Ejecutivo debería suscribir un pacto de Estado en esta materia. El diputado de CiU Carles Campuzano ha abogado por «impulsar un pacto de Estado de fondo» con las fuerzas parlamentarias, las administraciones y las organizaciones sociales para gestionar la inmigración y asegurar su integración. Para Gaspar Llamazares (ERC-IU-ICV), la iniciativa es «peligrosamente populista» y está «basada en prejuicios», mientras que Emilio Olabarría (PNV) ha criticado que la iniciativa esté «basada en la criminalización simbólica de los inmigrantes».