El Gobierno incumple los plazos del Estatuto e irrita a los partidos catalanes Todos como Madrid y Barcelona en los aeropuertos

Al final no hubo acuerdo, y las negociaciones tendrán que continuar en septiembre. El plazo establecido en el Estatuto catalán para que el Gobierno y la Generalitat pactaran las bases del nuevo sistema de financiación para Cataluña expiró este viernes entre el descontento de los nacionalistas catalanes, que acusan al Ejecutivo de incumplir la ley autonómica catalana y han convocado para este sábado varios actos en señal de protesta. El PSOE insiste en repartir entre las dos partes la culpa del fracaso mientras el presidente catalán, José Montilla, se queja de que a Cataluña le falta dinero para servicios básicos. El Gobierno tripartito catalán -PSC, ERC e ICV- y sus opositores de CiU asistieron a este incumplimiento con resignación, pero sus quejas fueron cada vez más airadas a medida que se aproximaba la fecha límite. Agotado el plazo, sólo les queda la esperanza de arrancarle en otoño concesiones al Ejecutivo central, que acerquen el futuro modelo a lo que ellos reclaman, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. CiU ya han amenazado con tumbar las cuentas públicas si el Ministerio de Economía y la Generalitat no llegan a un acuerdo. Hasta entonces, los partidos catalanes tratarán de escenificar su unidad ante lo que consideran un agravio del Estado a Cataluña. El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, ya expresó por primera vez su descontento el jueves, cuando de forma comedida denunció la «falta de recursos» para servicios básicos que sufre su comunidad. El Gobierno catalán ha hecho calar en los últimos meses entre los catalanes la máxima de que de ese pacto sobre financiación dependen las ansiadas mejoras de los servicios sociales catalanes, saturados por el incremento de la población y la llegada de inmigrantes. El segundo gesto de protesta se producirá este sábado cuando el conseller de Economía y Finanzas, el también socialista Antoni Castells, se reúna primero con la parte catalana de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, el órgano al que el artículo 201 del Estatuto encarga las negociaciones sobre financiación y en el que están representadas las formaciones del tripartito. La decisión del Gobierno de privatizar en parte la gestión de Aena -en la foto- y de permitir participar a Madrid y Cataluña en la administración de los aeropuertos de Barajas y El Prat no ha sentado bien al resto de Gobiernos autonómicos, que aspiran también a la cogestión. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, explicó que las autonomías podrán participar en aquellos con un volumen de trafico superior a los 30 millones de euros, tasa a la que sólo llegan Barajas y El Prat, con 52,1 y 32,8 millones de pasajeros en 2007. Días después, Zapatero anunció que el acuerdo se ampliará a Baleares. | efe