El PSOE anuncia su intención de iniciar acciones legales y acudir a la Fiscalía

El PSCyl-PSOE solicitó ayer formalmente la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León, el órgano que en los periodos estivales realiza las tareas parlamentarias, para plantear la posibilidad de convocar «con carácter urgente» una sesión extraordinaria de las Comisiones de Economía, Industria y Comercio, y de Presidencia y Administración Autonómica. La petición, registrada en las Cortes, solicita que Tomás Villanueva e Isabel Alonso informen sobre «las irregularidades producidas en relación con la adjudicación, instalación, gestión y explotación de plantas de energía solar en Castilla y León». Además, la portavoz de Educación del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Ana Redondo, subrayó que a su Grupo parlamentario le consta que «estas corruptelas están generalizadas a las nueve provincias y creemos que hay responsables directos que tienen que dar la cara, como el director del Eren (Ricardo González Mantero), que también es director general de Minas, una coincidencia cuando menos sospechosa». En ese sentido, el procurador del PSCyL-PSOE por León en las Cortes, Alfredo Villaverde, fue más tajante cuando anunció: «Creemos que hay personas con altos cargos que están implicados en este asunto». Por su parte, Redondo recalcó que «no se trata de situaciones aisladas», sino de «un pastel millonario que se han repartido altos cargos de la Junta», y anunció que su partido llegará «hasta las últimas consecuencias» para depurar las responsabilidades. «Todo esto nos parece gravísimo. Estamos seguros de que se ha utilizado información privilegiada, y con la información que manejamos creemos que se ha producido un tráfico de influencias a un alto nivel, así como negociaciones prohibidas a los funcionarios en el Código Penal», detalló. Por ello, los socialistas estudian actualmente la posibilidad de iniciar acciones legales y poner en conocimiento de la Fiscalía el caso. «Valoramos solicitar de oficio a la Fiscalía que se inicien las acciones oportunas para dilucidar las responsabilidades. En las Cortes exigiremos las responsabilidades políticas al más alto nivel, y en los tribunales reclamaremos las responsabilidades penales pertinentes», avanzó. Además, la formación exigirá saber qué sucederá ahora con los expedientes investigados: «¿Se van a invalidar esos contratos fraudulentos, que han beneficiado a determinados altos cargos en detrimento de la acción de los empresarios y ciudadanos honestos?», se cuestionó Redondo. En su opinión, las energías renovables son «un sector estratégico de Castilla y León, fundamental para el futuro de la Comunidad, que está siendo objeto de manipulaciones e irregularidades inadmisibles. El sector de las energías renovables está muy tocado y es sospechoso, porque está siendo vapuleado por ilegalidades». Asimismo, no descartan que otras Consejerías de la Junta se vean implicadas el proceso de adjudicaciones, como la de Medio Ambiente, puesto que «las competencias de ordenación del territorio que antes tenía Fomento ahora son de Medio Ambiente», detalló Villaverde.