La investigación de la Junta implica a otros seis funcionarios de Industria de León

Otro día y nuevo goteo de personas implicadas en el escándalos de las autorizaciones para plantas fotovoltaicas. Y es que, a medida, que la invesgación sigue su curso y se van analizando todas la autorizaciones que en los últimos años se han dado para este tipo de instalaciones aparecen nuevos nombres pero, curiosamente, todos ellos vinculados o relacionados con el servicio de Industria. Ahora, según las diversas fuentes consultadas por este periódico, la investigación de la Junta implica a otros seis funcionarios del servicio de Industria de León, que en el último año han conseguido autorizaciones para empresas en las que, en algunos casos, participan con familiares. Lo más curioso, siempre según la propia investigación, es que a los seis que ahora se apunta, todos ellos tiene como función dentro del servicio el conomiento y la tramitación de los expedientes relacionados con las energías renovables. De éstos, uno de ellos vendió su participación en la empresa con la que gestionaba varios huertos solares hace apenas veinte días, o lo que es lo mismo en cuanto comenzaron a conocerse los primeros casos. Las autorizaciones, en algunos casos, se les habían concedido en apenas cuatro meses, los que van desde junio a septiembre del pasado año, y todas sus plantas están ya en funcionamiento, alguna incluso comenzó a hacerlo hace apenas un mes. Las plantas están todas ubicadas en la provincia de León, concretamente en dos zonas: en la de Carrizo de la Ribera y en la de Vegas del Condado Posible expediente Una vez que la investigación ha detectado estos nuevos casos, los envía a la inspección general de servicios, que abrirá lo que se conoce como una información reservada, que no significa que vaya a ser secreta. Acto seguido, los seis funcionarios serán llamados a declarar para que expliquen todas sus actuaciones y si finalmente, una vez realizadas todas las pesquisas, se detecta que han incurrido en alguna negligencia en el ejercicio de su puesto se les abrirá un expediente disciplinario, que puede acabar en una suspensión. Hay que dejar claro que, en estos casos, al no ser cargos de confianza y sí funcionarios de carrera, que ganaron su plaza en un concurso público tras aprobar una oposición, no pueden ser expulsados ni cesados en su puesto y que tampoco puede hablarse de incompatibilidad alguna. Las fuentes consultadas apuntan que, para que no hayan incurrido en irregularidad alguna, estos seis funcionarios deberían haber emitido un escrito en el que anunciaban que se apartaban de una tramitación porque les incumbía en el plano personal. De no haberlo hecho es cuando serán expedientados. «No hay nada que ocultar, ni que penar y ni la más ligera ilegalidad» FRANCISCO JAMBRINA Jefe de Industria de Palencia