El Gobierno está seguro de que podrá recomponer el puzle de la financiación

El Gobierno no se arredró por el rechazo general a su propuesta de financiación autonómico y tiró de optimismo para confiar en que podrá «recomponer el puzle» de intereses y que «todas sus piezas» encajen. Una tarea, admite el Ejecutivo, que no será fácil porque se trata de buscar «el equilibrio» entre los intereses contradictorios de las comunidades y los del Estado. Las dificultades gubernamentales, además, se vieron acrecentadas por el rechazo que suscitó la oferta en las propias filas socialistas. La vicepresidenta primera ya se mostró «convencida» hace dos meses de que se alcanzaría un acuerdo sobre el nuevo modelo con la Generalitat de Cataluña antes del 9 de agosto, fecha marcada por el 'Estatut', y no fue posible. María Teresa Fernández de la Vega no escarmentó con ese error de cálculo y volvió a estar «segura» de que habrá entendimiento con el Gobierno catalán y también con los catorce restantes a los que afecta el futuro sistema de financiación antes de que acabe el año. Fuentes gubernamentales explicaron que el descontento de las autonomías no es una novedad porque en todas las ocasiones en que ha habido que negociar una nueva financiación las tensiones y discrepancias han sido la característica de las negociaciones, y el acuerdo se ha alcanzado en el último minuto. Con esta experiencia histórica, la vicepresidenta se comprometió tras la primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros tras las vacaciones veraniegas a «intensificar» las negociaciones con «todos» para llegar a un acuerdo y que el sistema entre en vigor el próximo año. El Gobierno, garantizó, pondrá «todo» lo que esté en su mano para propiciar el entendimiento. Fernández de la Vega alabó las, a su juicio, excelencias de la oferta del Ejecutivo ya que con ella «ganarán todas las comunidades» y los ciudadanos tendrán «mejores servicios» públicos. Subrayó que el sistema vigente es de «perdedores» ya que «no es justo y no funciona», pero el que plantea el Gobierno es «ganadores» puesto que todos los territorios mejorarán su financiación. El principal escollo en las negociaciones tiene dos vertientes: la mengua de los recursos económicos que Hacienda puede poner sobre la mesa a causa de la crisis económica y la distribución de esos fondos. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan que la suma que ofrece el Gobierno está 20.000 millones de euros por debajo de las necesidades de financiación de las autonomías. El reparto del dinero también enfrenta a las comunidades, por un lado las más pobladas y ricas quieren poner coto a la solidaridad territorial, mientras que las de menor peso demográfico y más desfavorecidas pretenden que se mantengan los mecanismos de nivelación como hasta ahora.