PSOE y PP pactan el nuevo CGPJ y ponen fin a dos años de bloqueo

El pulso que durante toda una legislatura mantuvieron el Gobierno y un Consejo General del Poder Judicial dominado por la mayoría afín al PP es ya historia. Los grandes partidos nacionales hicieron ayer realidad la paz institucional firmada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el pasado julio en La Moncloa al hacer públicos los nombres de los veinte vocales que integrarán el nuevo órgano de gobierno de los jueces. El listado, elegido a partes iguales por ambas formaciones, recibió el plácet del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Su opinión no es en absoluto preceptiva, pero el hecho de que no encontrara tacha a ni uno solo de los seleccionados es un signo de la guerra en materia judicial ha tocado a su fin. El nuevo CGPJ estará formado por nueve vocales de perfil progresista, nueve de corte conservador y dos nacionalistas, los juristas de CiU y PNV Ramón Camp y Margarita Uría. En las propuestas de PSOE y PP hay nombres significativos que hace tan sólo unos meses, cuando la negociación estaba en manos de Eduardo Zaplana y Diego López Garrido y, habrían servido para dinamitar el acuerdo. Las elecciones de marzo trajeron consigo un nuevo clima parlamentario y acabaron con una política de trincheras en la que había acabado involucrado el propio Poder Judicial, del que emanaron duras críticas a políticas gubernamentales como la ley contra la violencia de género, el matrimonio homosexual o el Estatuto de Cataluña y desde el que se emitieron polémicos informes sobre asuntos sobre los que nadie había consultado. Carta blanca La prueba del cambio es que tanto el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, como la del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, sostienen que ambas partes tuvieron carta blanca para hacer su selección, dentro de un criterio de «profesionalidad» previamente pactado. No ha habido vetos y mientras en la lista propuesta por los socialistas aparecen nombres como el de la secretaria de Estado de Interior con Felipe González, Margarita Robles, o el beligerante abogado de izquierdas José Manuel Gómez Benítez, en la del Partido Popular entran Gema Gallego, la magistrada que instruyó uno de los casos que sirvieron de soporte a la teoría de la conspiración, o el consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa. Es cierto que en la elección de uno y otro no ha sido tan inocente como ambos predican. El bloque de jueces elegido por los populares de entre los 36 nombres propuestos por la magistratura está integrado, de cabo a rabo, por miembros de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Se había especulado con la posibilidad de que se incluyera también a la independiente Beatriz Granda, pero finalmente ni ella ni ningún otro juez no asociado tendrá cabida en el consejo, porque el PSOE también ha buscado a afiliados afines.