Las diócesis de León y Astorga acatan el requerimiento del juez Garzón y dejan acceder a los archivos si hay un motivo «justo»
Los obispos de León «desclasifican» los libros de difuntos del franquismo
La Conferencia deja a las diócesis el poder sobre los archivos y éstas se lo pasan a las 1.788 parroquias
león
Aunque ya era material «público», el acceso a los libros de difuntos en las 1.788 parroquias de la provincia toma ahora una nueva dimensión. Los obispos de León y Astorga, Julián López Martín y Camilo Lorenzo, respectivamente, no pondrán ningún obstáculo a la «desclasificación» de los archivos de todas las comunidades parroquiales leonesas para permitir la elaboración de una lista de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del alzamiento nacional. Los prelados deciden de esta manera colaborar con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien requirió por segunda vez a la Conferencia Episcopal Española su colaboración para facilitar a la policía el acceso a unos archivos que, pese a ser públicos, como recuerdan los obispos, dependen directamente de los párrocos. Y no todos son partidarios de abrirlos.
Los obispos ponen dos condiciones. Que se respete la ley encaminada a proteger esos datos y que el objetivo que motive la obtención de los mismos sea «justo», según contestan en una nota conjunta los dos prelados, remitiéndose a las declaraciones oficiales pronunciadas en los últimos días por la cúpula de la jerarquía eclesiástica española.
Los obispos recuerdan «el ánimo de colaboración absoluta de la Conferencia Episcopal con la justicia de acuerdo a lo que establece la ley». Además, explican que los archivos parroquiales «son públicos» y «todo el mundo puede acceder» a ellos para pedir una partida de bautismo o para realizar alguna investigación. El mismo cardenal Rouco dejó claro recientemente que «son los obispos y las respectivas diócesis» las que tienen la potestad para resolver el requerimiento del juez.
Monseñor López Martín y monseñor Camilo Lorenzo suscriben en esa nota conjunta las palabras del portavoz y secretario general del Episcopado de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien asegura que la Iglesia Católica admite el derecho de las personas y familiares a «hacer todo lo que pueden hacer para saber la historia de sus seres queridos y por darles una sepultura digna». «La Conferencia Episcopal -”apuntó-” desea que se respeten los derechos de todos, también el de saber dónde están los difuntos de la familias de todos los frentes». «Incluso de algunos de los mártires que la Iglesia beatificó el año pasado en Roma y que tampoco se sabe dónde están enterrados». Sin embargo, a renglón seguido afirmó que el hecho de que esto se sepa «no se debe tomar como ocasión para enfrentamientos ideológicos o políticos que no favorecen el bien común, la convivencia y la reconciliación».
¿Ley «innecesaria»?
Respecto a su valoración de la Ley de Memoria Histórica, los obispos consideran que supone mucho más que la búsqueda de los familiares fallecidos. «Son más cosas y es más compleja». Por ello, afirman que si esta normativa «puede poner en peligro la reconciliación que, en un muy alto grado se ha logrado en los últimos años de democracia, entonces podríamos decir que la ley es innecesaria». El propio presidente de la Conferencia Episcopal señaló hace escasos días que no se debería «trasladar este problema a las generaciones futuras» porque se trata de una cuestión «reconciliada, pacificada y resuelta». Además señaló que su generación había vivido con «normalidad» y «positividad» el reflejo de las actuaciones jurídicas del Estado democrático de derecho, que han sido «suficientes para abordar este problema».