Diario de León

Una ronda de reuniones ideada para desactivar a los conflictivos

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p.h. | madrid

El siguiente paso del presidente del Gobierno fue convocar a Esperanza Aguirre. A esas alturas el Partido Popular ya se había lanzado a deslegitimar un acuerdo pergeñado entre Zapatero y los dos principales barones socialistas.

Por eso el entusiasmo de la presidenta de la comunidad de Madrid, el lunes día 22, y la ausencia de pegas por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el miércoles de esa misma semana, vinieron muy bien al Gobierno para neutralizar a la oposición y que las conversaciones mantenidas durante seis largos meses con todos los gobiernos «cogieran impulso».

No todos los presidentes autonómicos fueron llamados a La Moncloa antes de que el Ejecutivo hiciera pública su propuesta y todo tiene su razón de ser. Se trataba de desactivar a los más conflictivos. «Fue muy pensado por qué se recibía a unos y no a otros», admiten fuentes gubernamentales.

El extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el asturiano, Vicente Álvarez Areces, fueron los quintos en lograr audiencia. Al Ejecutivo les preocupaba su opinión porque, precisamente, estas dos comunidades son las que mejor paradas salen con el sistema de 2001 que ahora se modificará y, en consecuencia, eran las menos entusiastas con un cambio que el Gobierno juzga ahora necesario, pero que se aborda fundamentalmente por deseo expreso de Cataluña que siempre se ha quejado de que aporta mucho y a cambio recibe muy poco.

«El Estatuto, la palanca»

El propio Pedro Solbes convino el pasado miércoles en que el Estatut ha ejercido de «palanca» de esta reforma.

Y si a Cataluña le interesaba acelerarla -”hace cinco meses que se incumplió el plazo fijado en el texto estatutario para la consecución de un nuevo sistema-” a Galicia, o mejor dicho a su presidente, le interesaba retrasarla.

Fuentes gubernamentales aseguran que Emilio Pérez Touriño habría querido retrasar las negociaciones a mayo o junio para evitar su impacto en la campaña electoral.

Zapatero no aceptó, pero a cambio accedió a una prebenda con muy buena venta electoral: el modelo tendrá en cuenta el coste adicional que para las comunidades con lengua propia supone el bilingüismo.

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