El Congreso califica de «delirio» las denuncias del PP contra el Gobierno

El PP sufrió ayer un notable vapuleo político en el Congreso. Nadie, ni a la izquierda ni a la derecha de la cámara, quiso darle el más mínimo apoyo para que pudiese trasladar a la sede parlamentaria sus denuncias contra el Gobierno, al que acusó de nuevo de un uso «ilegítimo e inmoral» de la Policía, la Fiscalía y las instituciones para perseguir, espiar y «acosar» a la oposición.

Los populares reiteraron una por una las acusaciones que han convertido en su eje opositor. Tuvieron que escuchar cómo el resto de grupos calificaba sus denuncias de «mentiras», «delirios», «frivolidades», «paranoia» o «cortinas de humo», y ver cómo la Diputación Permanente, el máximo órgano de la cámara entre períodos de sesiones, rechazaba las comparecencias urgentes de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que solicitaron para que explicaran su respectivo papel en esta presunta «conspiración» oficial.

Mensaje de todos. El mensaje común de todos los grupos fue que el Congreso no está para debatir de estos asuntos, que es tarea de los tribunales, y que si los populares tienen pruebas o indicios de delitos lo que deben hacer es acudir al juez.

Soraya Sáenz de Santamaría defendió la urgencia de las comparecencias por «el abuso de poder» y la utilización «ilegítima» de las instituciones que el Gobierno realiza contra su partido desde hace meses, y advirtió a la cámara, parafraseando a Bertolt Brecht, que «hoy somos nosotros y mañana cualquiera que les estorbe». La portavoz -˜popular-™, que no citó en momento alguno las supuestas escuchas ilegales denunciadas por Dolores de Cospedal, considera que detrás de la persecución «está el miedo del Gobierno a que se hable de la crisis» y que al Ejecutivo «le preocupa más acabar con el PP que con el desempleo que asola a cuatro millones de españoles».

Sáenz de Santamaría opinó que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero «carece de pudor democrático» y por eso usa a la Fiscalía contra Francisco Camps pero no contra el vicepresidente Manuel Chaves o contra el ex director del CNI. Como prueba de la persecución dijo que de las 53 actuaciones policiales contra miembros del PP, 49 han sido archivas o se han quedado en nada -”«la única pena a que han sido condenados es a la del Telediario», mientras que de las 61 causas abiertas contra dirigentes del PSOE, que no han sufrido el escarnio de la opinión pública, 37 continúan aún abiertas en los juzgados.