Cataluña advierte de un cambio en la relación con el Estado si no hay Estatut

Cataluña se prepara para vivir uno de los otoños más calientes de los últimos años. Tras el acuerdo de financiación autonómica, el Ejecutivo catalán se fue de vacaciones satisfecho y con los deberes hechos. Pero el inminente fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut ha vuelto a agitar las aguas, sobre todo por las presunciones negativas que se apuntan. El Gobierno de la Generalitat avisó ayer de que, por supuesto, acatará la sentencia, pero avisó que si la resolución toca aspectos fundamentales del autogobierno cambiarán las relaciones entre Cataluña y el Estado.

La primera reunión del Consejo de Gobierno de la Generalitat celebrada ayer se centró en el fallo del Constitucional sobre el Estatut. Montilla trasladó a su consejeros tres ideas para encarar los próximos meses: el Estatut es plenamente constitucional, hay que aplicarlo en su totalidad -”desde la entrada en vigor del texto, en 2006, el Parlament ha aprobado 32 leyes que lo desarrollan, 16 de ellas en el 2008, y 20 este año-”; y, sobre todo, mientras no haya sentencia no es necesario ponerse la venda antes de la herida.

Una sola voz . Además, la intención de Montilla es la de que el Govern se exprese sobre este tema con una sola voz y no con varias -”en ocasiones casi opuestas-” como ha ocurrido durante el tormentoso agosto.

El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, fue el encargado de explicar la posición «unánime» del Ejecutivo catalán. Saura afirmó que «como no podría ser de otra manera, la Generalitat acatará» la sentencia del Constitucional. Aunque, añadió, si es negativa como apuntan algunos medios en aspectos como el término nación o la obligatoriedad de conocer la lengua catalana, el Gobierno catalán buscará otras vías para mantener los niveles de autogobierno que otorga esta ley orgánica».

Saura explicó, a modo de advertencia, que si el fallo «afecta aspectos importantes obligaría a rehacer el pacto político entre Cataluña y el Estado» porque el texto establece el encaje político y la «ubicación de Cataluña dentro del Estado». En cualquier caso, desde Cataluña, según Saura, «no se quiere poner sobre la mesa este asunto antes de que se haga pública la sentencia». El Ejecutivo de Montilla descartó así respaldar la controvertida manifestación preventiva de presión sugerida por el vicepresident, el republicano Josep Lluís Carod-Rovira.

Y es que con Montilla de vacaciones y Carod-Rovira de presidente en funciones, las opiniones que se han escuchado del Gobierno catalán sobre cómo actuar ante el fallo del Constitucional han oscilado entre la llamada a no acatar una sentencia negativa, a la propuesta de organizar una manifestación preventiva.