La Junta apoya elevar a rango nacional la discusión sobre la autoridad del profesor

El consejero de Educación de la Junta, Juan José Mateos, calificó ayer de «oportuno» el momento en el que llega el debate sobre la autoridad del profesor en las aulas, pero considera necesario un compromiso de ámbito nacional para dar forma a la propuesta.

La polémica, suscitada a raíz del reciente anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de promover la aprobación de una ley específica para reforzar el crédito de los docentes, «llega en un momento muy oportuno» y demuestra que «la sociedad empieza a reconocer que tenemos un problema», reflexionó Mateos.

El titular del área precisó, no obstante, que la situación «no se limita sólo a la esfera del profesor», sino también al resto de la comunidad educativa, donde mencionó a la familia y a los propios alumnos.

«El respeto es clave para la formación y su ausencia constituye un problema cuyo origen fundamental se encuentra en la familia, desde donde luego se traslada a la escuela y después al resto de la sociedad», manifestó Mateos antes de considerar la necesidad de dotar a los profesores de una mayor formación específica, «porque los problemas pueden ser nuevos».

En cualquier caso, resumió, «es conveniente que la discusión se eleve a escala nacional en foros como la Conferencia Sectorial de Educación. Eso se lo vamos a pedir al ministro».

Por su parte, el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, plantea de nuevo «reforzar» la figura de los profesores, aunque señala que en la comunidad los problemas de violencia en los centros educativos son «menores que en otros lugares» gracias a los programas de convivencia. Herrera señaló que su Gobierno verá «con las leyes en la mano» cómo puede fortalecer esta figura.

Sin embargo, considera más «adecuado» incluir este asunto dentro de un «gran pacto por la educación».

Otra de las apuestas de la Junta para ese acuerdo sería, según Herrera, la de incluir medidas por la igualdad de oportunidades para que no haya diferencias entre las zonas rurales y las urbanas.

En sintonía. En este sentido, la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (Aspes) animó a la administración autonómica a promulgar «de forma urgente» una Ley de Autoridad del Profesor similar a la que ha presentado Esperanza Aguirre.

El reconocimiento a ese principio «supone que los profesores tendrán presunción de veracidad y una protección penal específica, con lo que su autoridad se verá reforzada», explicaron en una nota de prensa.