«Preocupante» incremento de los casos de adolescentes que agreden a sus padres

El incremento de adolescentes que agreden a sus padres, una violencia doméstica en la que «no hay distinción de clases sociales», es «preocupante». La alerta procede del Informe Anual del 2008 de la Fiscalía General del Estado (FGE), dado a conocer este lunes con motivo de la apertura del año judicial, donde se indica que, «en muchos de estos casos, se reacciona con la máxima urgencia, promoviendo la adopción de medidas cautelares». Destaca, además, la memoria que la mayoría de las secciones de menores coinciden en que el «recurso más adecuado» para hacer frente a estos supuestos es la «convivencia con un grupo educativo», acompañado de la «mediación interfamiliar e intergeneracional». En definitiva, intentar «con paciencia» recuperar la paz y la convivencia familiar entre los menores y sus padres.

A título de ejemplo, el informe resalta que la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Valencia expuso que la puesta en marcha de la «escuela de padres» contribuyó de manera notable a la «reeducación y reinserción» de los menores que incurren en este tipo de delitos. La conclusión es que se logró una «elevada tasa de éxito» en el retorno pacífico de los adolescentes a la convivencia familiar.

Estima la Fiscalía del Estado que, para estos supuestos, «no siempre es posible ni estaría justificado» el internamiento de los muchachos que pegan a sus progenitores. Y es que, a su juicio, esta medida acaba «deteriorando, muchas veces de manera irreversible, la relación de afecto paternofilial», sin la que resulta imposible restaurar la normal convivencia en el seno de la familia. El ingreso en centros de menores, agrega, puede contaminar la personalidad del menor y agravar el problema, concluye.

Otro aspecto que preocupa a la FGE es la «falta de centros adecuados» y de una normativa precisa para los menores con enfermedades psíquicas y con problemas conductuales, un tratamiento que consideran «particularmente complejo y problemático». Asimismo, denuncian deficiencias en centros tanto de protección de menores como de acogida de menores extranjeros, no acompañados, que obligan a una «alerta constante» y a la mejora tanto del personal como de los medios de que se disponen.