El PP denunciará a Rubalcaba por instigar el informe «falso» del Gürtel
Rajoy alega que se atiene a lo que dicen los tribunales, que ya cerraron ese caso
El president de la Generalitat, Francisco Camps.
El PP niega que haya montado una Filesa para financiarse ilegalmente en Valencia, como sostiene un informe de la Brigada contra el Blanqueo de la Policía. Francisco Camps y Ricardo Costa, con el apoyo del PP valenciano y de la cúpula del partido se atrincheraron en el desmentido a las acusaciones que se derivan de la investigación policial al tiempo que acusan al ministro del Interior de haber orquestado un «montaje» con un informe «falso». Mariano Rajoy ha dado carta blanca al presidente de la Generalitat para impulsar esta estrategia defensiva a la que él mismo colaboró aplazando cualquier decisión hasta las resoluciones judiciales. Pero en las filas del partido bulle el malestar de muchos dirigentes de la dirección nacional que consideran la situación insostenible mientras Costa y el vicepresidente Vicente Rambla no dimitan.
El hecho de que no existan actuaciones judiciales ha permitido a la dirección del PP culpar al ministro del Interior de urdir una operación de descrédito a partir del informe policial que revela la existencia de operaciones irregulares en la financiación de la organización en Valencia, a través de la contratación de Orange Market, la empresa valenciana del entramado de Francisco Correa.
«Yo me atengo a lo que digan los tribunales», dijo Rajoy en una entrevista en Intereconomía el jueves por la noche, tras apuntar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó investigar el asunto. «El tribunal ha dicho que, para ellos, este caso no existe», sostuvo el líder de la oposición.
Todos los dirigentes de la cúpula nacional salieron ayer en tromba a apoyar la tesis negacionista que lidera Francisco Camps y que también sostuvo en la Comunidad Valenciana durante una larga rueda de prensa su secretario general, Ricardo Costa, uno de los protagonistas de las conversaciones interceptadas por la policía y cuyas transcripciones se adjuntan al controvertido informe. Según Costa, se trata de «un claro montaje instigado por el Ministerio del Interior», argumento apoyado con idéntica contundencia por el coordinador de Libertades y Justicia del PP, Federico Trillo, quien aseguró que se trata de «un montaje urdido por la policía gubernativa», la «policía de confianza» del ministro. El diputado valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, siguió la misma senda y expresó su sospecha de que Rubalcaba fue «la mano política» responsable de esta actuación policial.