Varias asociaciones piden al Parlamento derogar la ley de género por «violenta»

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, 71 asociaciones han exigido al Parlamento su «urgente derogación» por ser una ley que «atropella cada día los derechos más fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico que pretenda vertebrar un Estado democrático.» En un comunicado conjunto, estas asociaciones aseguran que «la Violenta Ley de Género que paradójicamente fue aprobada el día de los Santos Inocentes del año 2004, se ha consagrado como un arma infalible para fulminar el derecho de presunción de inocencia de la mitad de la población española, la masculina.» «Por el mero hecho de tener un cromosoma distinto», la mitad de la población «es considerada presuntamente culpable, invirtiéndose el sentido de la carga de la prueba cuando los hombres son denunciados», añade el comunicado. Las asociaciones consideran que hoy lunes hará «cinco años el erradicado delito de autor» fue instaurado «como eje vertebrador de nuestro maltrecho Estado de Derecho, sin que más de doscientas cuestiones de constitucionalidad pudieran impedir que un Tribunal Constitucional, cuya independencia política todo el mundo cuestiona, le otorgara un sospechoso y controvertido aval.» Sin protección. «Ahora, el conjunto de la sociedad española está recogiendo lo que el Gobierno sembró en su día: mujeres, hombres y niños desprotegidos ante la violencia que sufren en su hogares, y miles de hombres inocentes engrilletados y estigmatizados de por vida por recibir una simple denuncia encaminada a obtener importantes ventajas para la denunciante en los procesos de divorcio», añade el comunicado. Según estas asociaciones, el objetivo de esta ley fue «servir de herramienta para ganar la partida del divorcio, provocando en innumerables casos la orfandad paterna más brutal y prematura que ningún hijo pueda experimentar.» Las 71 asociaciones afirman que «es el momento de que las formaciones políticas se posicionen públicamente respecto a este grave problema, antes de que la justicia internacional tenga que venir a darnos un buen tirón de orejas cuando se entere de que el Estado español conculca sistemáticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.»