EDITORIAL | Buenas intenciones y difíciles soluciones

La intención retomada por el Gobierno recién constituido de restituir a sus legítimos propietarios los bienes incautados durante el régimen franquista responde a una demanda largamente planteada durante la democracia, y que sólo ha podido resolverse en parte. Las dificultades para identificar no sólo los bienes expoliados, sino a quienes son sus propietarios después de décadas de transformación de las organizaciones, son sólo una parte del problema, aunque no pequeña. Los partidos políticos, las asociaciones sindicales y las agrupaciones progresistas fueron los más perjudicados por las incautaciones, pero las sufrieron también muchos particulares a los que es difícil compensar por aquellos atropellos.

De hecho, incluso desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de León se reconoce que la primera medida a tomar ahora es realizar un inventario fiable de los bienes que tienen que ser devueltos. La tarea en buena parte de los casos no es fácil.

A lo largo de las últimas décadas parte del patrimonio de sindicatos y partidos ha vuelto a manos de quienes fueron sus propietarios, aunque la mayor parte de los casos sigue sin resolverse. Ahora se plantea la necesidad de que se compense económicamente a aquellos afectados para los que los bienes no puedan ser restituidos. Otra cuestión es qué hacer con mucho de ese patrimonio, sobre todo antiguos inmuebles en zonas rurales, muchos afectados por el abandono. Buscar los fondos para restaurarlos y sobre todo un nuevo uso que les dé sentido es una herencia que puede convertirse en un problema.

Resolver las cuitas del pasado es una obligación. Darles sentido en el presente una tarea que no siempre será fácil de asumir.