Diario de León

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Salvo que seamos tan estúpidos como para tomárnosla como consuelo, la alarmante situación sanitaria que vive Madrid debería preocuparnos a castellanos y leoneses casi tanto como a los madrileños. Aparte del manido aserto de que el virus no entiende de territorios, sucede que son miles los vecinos de esta comunidad, mayormente segovianos, abulenses y vallisoletanos, pero también salmantinos, palentinos y leoneses, que cruzan diariamente la sierra de Guadarrama para cumplir sus obligaciones laborales. Y no son pocos los madrileños que hacen la ruta inversa por idéntica razón, todo ello sin contar con el notable flujo turístico entre ambas comunidades.

Así pues, el problemón que ayer motivó el encuentro entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso no nos resulta precisamente ajeno. La cuestión a responder es la de cómo hemos llegado a esta grave recaída en la batalla contra una pandemia que a finales de junio, cuando se levantó el confinamiento general decretado por el estado de alarma, dabamos por ganada. Ese fue el error de partida: dar por hecho de que el virus se batía en retirada, sin prever que, tan pronto nos relajaramos, iba a volver a la carga sin miramientos. La llegada del verano nos deslizó hacia un relajamiento general que ahora estamos pagando muy caro.

Aunque si echamos la vista algo más atrás, lo cierto es que habíamos empezado a bajar la guardia desde que, doblegado «el pico de la curva», comenzó aquello se dió en llamar «desescalada hacia la nueva normalidad». Fue ponerse en marcha el proceso y el pelotón de las comunidades autónomas entró en una temeraria carrera para ver quien superaba antes las fases.

En un principio, atendiendo a estrictos criterios epidemiológicos, Castilla y León fue una de las comunidades más prudentes y responsables. Pero la presión de los agentes económicos no tardó en surtir efectos y la Junta sacrificó dichos criterios en aras a satisfacer sus demandas. Recuérdese el salto de toda la comunidad a la fase 1, anunciado en su día por el presidente Fernández Mañueco ante las sorpresa de la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien no ocultó su «incomodidad» ante tal decisión presidencial. Después, con ocasión del salto a la fase 2, la consejería dividió en dos el territorio de la comunidad sin contar con el visto bueno —se suponía que preceptivo— del ministerio.

De forma y manera, que no podemos darnos ahora golpes de pecho, como si la única causa de esta importante recaída en a segunda oleada fuera la negligente actuación de la vecina comunidad madrileña. Con 873 brotes activos desperdigados por las nueve provincias, a la vista está que aquí no podemos ponernos como ejemplo de nada.

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