Diario de León

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No habíamos terminado de escudriñar las cifras de los Presupuestos Generales del Estado, los PGE que dice Sánchez, y ya estamos haciendo lo propio con los de Castilla y León que acaba de presentar el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Cada provincia, cada capital y hasta el último municipio miran a ver que hay de lo suyo en el proyecto presupuestario de la Junta. Como si en ello les fuera la vida.

Y sin embargo, si en política hay algo empíricamente demostrado eso es el alto grado de incumplimiento de las previsiones contenidas en el Presupuesto de cualquier administración. Entre lo que figura en el Proyecto de Ley aprobado por el Parlamento de turno y la liquidación realizada al final del ejercicio suele mediar un abismo.

Que una inversión aparezca consignada con su correspondiente partida presupuestaria no constituye ninguna garantía de que vaya a ser ejecutada. De hecho, son muy frecuentes las inversiones que se repiten de un año a otro porque no se han materializado en el anterior. Y al contrario, obras o servicios que no contaban con dotación presupuestaria, la encuentran merced a la oportuna e interesada habilitación del crédito requerido. De todo lo cual se concluye que los Presupuestos públicos son tan moldeables como la plastilina.

No digamos ya si sobrevienen circunstancias que obligan a afrontar necesidades imprevistas, como ha sido el caso de los costosísimos gastos adicionales generados en este 2020 por la pandemia del covid-19, circunstancia que, para mayor inri, ha sobrevenido en Castilla y León con unos Presupuestos de la Comunidad prorrogados durante dos años consecutivos.

Con todo, y sin entrar en su contenido, debemos felicitarnos de que el actual gobierno de Castilla y León haya presentado por fin sus primeros Presupuestos, unas cuentas, como no podían ser de otra forma, muy condicionadas, tanto en ingresos como en gastos, por la situación de pandemia que padecemos y seguiremos padeciendo hasta que la vacuna acabe con el covid-19.

Resultado de ese condicionamiento es que la Junta ha decidido mantener aparcada la bonificación al 99 por ciento del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, medida estrella del programa de gobierno pactado en su día entre PP y Ciudadanos. Un decisión que aleja al gobierno Mañueco de la estrategia anunciada por el PP nacional de contraponer nuevas bajadas impositivas a la armonización fiscal propuesta desde el independentismo catalán. Y es que es evidente que Castilla y León no está para los dispendios que puede permitirse la comunidad de Madrid.

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