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Editorial | La recuperación del empleo deberá ser un objetivo irrenunciable a corto plazo

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Recuperar los niveles de empleo que Castilla y León tenía a finales de 2019 debe ser no sólo la prioridad sino más bien el objetivo irrenunciable de la Consejería de Empleo e Industria para el próximo año. Dispondrá para ello de un incremento presupuestario del 13% y una cifra récord de 358 millones de euros. Es evidente que en la atención preferente de la actividad de la consejera leonesa Ana Carlota Amigo deberá centrarse en los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus y que tienen mayores dificultades de inserción, como las personas con discapacidad, los desempleados mayores de 55 años y los jóvenes.

Justamente los jóvenes y también las mujeres están también en los objetivos prioritarios, puestos en otro contexto, de un programa de formación —«para puestos de trabajo sostenibles»— dotado con 17 millones que el Instituto para la Transición Justa lanzaba dentro del plan para la recuperación de los espacios degradados por la minería, al que destinará otros 150 para la ejecución de las labores de restauración y 110 más para la dotación de infraestructuras en esas zonas.

Las certezas por la mala experiencia vivida en los últimos meses que ha demolido el estado de bienestar en el que nos habíamos acomodado y la incertidumbre sobre lo que está por venir hacen más necesario que nunca el apoyo de las administraciones públicas para defender los puestos de trabajo y el tejido empresarial.

En un escenario tan complejo como el actual la tarea ineludible del departamento debe estar orientada a fomentar el empleo con especial atención al juvenil, impulsar el autoempleo como forma eficaz de inserción laboral, poner en valor el teletrabajo, apoyar a los autónomos, respaldar la ocupación de las personas con discapacidad y colectivos que están en situación o riesgo de exclusión social e incentivar la formación para el empleo prestando especial atención a los cambios tecnológicos y la transformación digital. Y, de manera más concreta, salvaguardar el tejido empresarial desde aspectos clave como la ciberseguridad —pese a la reciente decepción—, apoyar la inversión en digitalización industrial y mejorar la competitividad y la generación de I+D+i. Eso sin descuidar la recuperación de los sectores tradicionales como el comercio y los servicios en perfecta conjunción con la vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores, especialmente necesaria en el momento actual.

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