El dilema del campo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado que un ayuntamiento expulse a 70 agricultores de las tierras comunales que cultivan para facilitar la instalación de un parque fotovoltaico. Es una sentencia pionera en una problemática que se está extendiendo por el mundo rural, enfrentado a la disyuntiva de poner sus tierras en manos de las empresas energéticas durante décadas en detrimento de su uso agrícola. Es este uno de los guantes que ha recogido el nuevo consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que apuesta por indagar en la capacidad de la Junta para poder restringir la instalación de parques fotovoltaicos en zonas productivas de la Comunidad. El empeño puede que no sea el mismo que el del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Carriedo, que ha comenzado mandato poniendo a las renovables como una prioridad en su legislatura.