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Parece que no hay mucho interés en el Gobierno de España por dar su opinión sobre el acuerdo adoptado por sus socios en la Unión Europea de rebajar el estatus de protección del lobo que tanto ha defendido la vicepresidenta-ministra-comisaria Teresa Ribera, que nunca ha sido tan reacia a salir a la palestra como ahora, sobre todo cuando tenía que airear los motivos de una decisión tan controvertida que muchos consideran meramente «ideológica». Los únicos ecos que se han oído han salido de la Moncloa, ya que al parecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha trasladado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que no su Ejecutivo no tiene intención de cambiar su postura al respecto del lobo. También se ha debido de pronunciar el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres,que cree que el Gobierno tiene que cumplir la legislación europea y no puede sacar al lobo del Lespre.