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La violencia digital puede no entenderse como violencia física, pero «tiene tal capacidad de intensificar la ofensa» que exige una adaptación del derecho penal a las nuevas formas de ataques de género. Que van del acoso a la extorsión, amenazas o difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. Delitos cada vez más frecuentes, y que a menudo se escabullen en el escurridizo mundo de la tecnología y las redes sociales. Ahora una corriente judicial aboga por acceder y dar a conocer los datos de quienes abusan y coaccionan a través de estas herramientas desde el anonimato, intentando protegerse de la responsabilidad del daño que causan a sus víctimas. Las herramientas para localizarles y ponerles a disposición de la justicia también avanzan. No deben tener escapatoria.