Diario de León
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fernando cuesta garrido - http://vecinosdeiparralde.blogspot.com
León

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LA LEGALIDAD Las expulsiones de ciudadanos rumanos, de etnia gitana, que está llevando a cabo el gobierno francés abre un gran debate en el seno de la sociedad. En primer lugar, la salida de personas con nacionalidad rumana se está llevando a cabo con arreglo a legalidad vigente y por tanto debe ser respetada por todas y cada una de las personas, independientemente de su condición social. Ningún país debería permitir, que en su territorio, circulen personas sin ningún documento que las identificase como ciudadanos de pleno derecho y por tanto con la debida autorización para permanecer en el estado donde se halle. Las deportaciones, que Francia está realizando con ciudadanos rumanos, que no cumplen con la legalidad establecida para permanecer en su territorio, ha levantado las típicas ampollas entre algunos colectivos. Aunque también son expulsados, de suelo francés, individuos de otras nacionalidades que no cumplen los requisitos para permanecer en Francia. Los colectivos, que son contrarios a que la ley sea aplicada, parecen querer ignorar que las legislaciones están para que sean respetadas- Un país debe ser estricto en el cumplimiento de la legalidad que emana de la sociedad democrática como es la francesa. En la actualidad, una nación no puede permanecer de brazos cruzados, ante ciertas irregularidades cometidas por los ciudadanos, ya que pueden poner en peligro la convivencia de toda la sociedad. Ninguna persona que circule por la UE debería permanecer fuera de la ley y máxime con lo que significa para la sociedad occiental la amenaza constanter del terrorismo. Los estados tienen la obligación y el compromiso con la ciudadanía de aplicar las normas establecidas. Lo cual no significa que estén vulnerando los derechos de las personas. En el caso de Francia está llevando a cabo, con la expulsión de rumanos ilegalmente asentados en el país, lo que marca la ley preservando los derechos que tiene la sociedad a que sea respetada. Nadie ni nada debe estar por encima de la ley establecida. Nuestro país debería copiar de su vecino francés y tomar las medidas que sean necesarias para que ningún individuo permanezca en nuestro territorio sin la necesaria documentación que acredite su legal residencia. Se evitarían muchos capítulos de tintes xenófobos que se están desencadenando, aunque de forma aislada. Unos episodios que dada la pesima situación económica y con unos índices de paro escandalosos podrían ser el germen que diara paso a unos incidentes de mayor calado entre los ciudadanos y desencadenar sucesos muy desagradables. Prevenir antes que curar, es la receta que está aplicando Sarkosy pese a que se arriesga a perder popularidad.

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