Editorial | Una regulación de la vivienda sin caer en demagogias ni en estereotipos

La inminente aprobación por parte del Gobierno central de la Ley de Vivienda, que aún deberá pasar una larga tramitación parlamentaria el próximo año, supone el inicio de una controvertida regulación que presenta muchas aristas. Un asunto tan relevante para todos los ciudadanos debe someterse a un análisis ponderado con el fin de mantener el equilibrio entre garantizar el acceso a la vivienda y preservar a su vez el derecho a la propiedad. Otro asunto es valorar cuál es el escenario con el que León afrontará este cambio normativo. La máxima de que el gasto en vivienda de una familia no debe superar un tercio de sus ingresos brutos dibuja un baremo preciso sobre el que valorar los datos. Y los datos dicen que León, una ciudad no demasiado tensionada con el arrendamiento, solamente cuenta con una vivienda ofertada por un tercio del Salario Mínimo Interprofesional y veinte disponibles por 400 euros o menos, lo que representa apenas un 7 por ciento del total del parque libre para arrendamiento. Estas cifras demuestran que en León también hay problema de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, incluso para aquellos que tienen trabajo pero que cuentan, en su mayoría, con contratos y salarios precarios que frenan su emancipación. El problema existe pero cualquier iniciativa de regular el mercado debe alejarse de tintes ideológicos y demagógicos y centrarse en abordar una normativa con reglas claras que sirva de orientación para comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes ostentan las competencias.