La gestión no legitima las prisas de Diez

La prisa no es buena consejera en la gestión pública. Menos aún cuando se trata de un contrato millonario de mantenimiento urbano y cuando el calendario electoral se asoma ya por el horizonte. El Ayuntamiento de León, gobernado por el PSOE, ha puesto el turbo a la tramitación del nuevo contrato de privatización del mantenimiento de la ciudad: 27 millones de euros para cinco años. El objetivo es tener adjudicatario en octubre. El motivo, más allá de las urgencias técnicas, resulta difícil de disimular. El anterior contrato se quedó sin fondos el 31 de diciembre de 2025 y venció formalmente el 1 de junio. Desde entonces, la ciudad opera sin cobertura contractual plena. Las intervenciones pendientes de asfaltado, aceras y arreglos del viario se acumulan. El invierno apremia. Pero la Intervención municipal ha advertido en varias ocasiones de la irregularidad de no haber iniciado a tiempo la sucesión del contrato. El equipo de gobierno ha preferido, una vez más, apurar los plazos. La privatización del mantenimiento urbano puede ser una herramienta legítima de gestión. Pero cuando se convierte en un instrumento de agenda política, cuando se apura el reloj para llegar a las urnas con obras bajo el brazo y cuando se desoyen los avisos de la Intervención, la buena administración queda en duda.