Cuestión de justicia, no de privilegios

No estamos pidiendo el enriquecimiento de las empresas, estamos pidiendo justicia económica». Con estas palabras, el presidente de Aleop, Juan María Vallejo, pone nombre a un problema que ya no se puede mirar de reojo. En León, en solo nueve meses, 50 obras públicas han quedado desiertas. Casi un tercio de todas las que nadie quiso ejecutar en Castilla y León. Doce millones de euros que no se invierten. Calles que no se arreglan, edificios que no se rehabilitan, proyectos que se quedan en el papel. No es que a los constructores les dé pereza. Es que las cuentas no salen. La rentabilidad del sector ronda el 3%. La inflación, el 5%. Entre que se licita una obra y se empieza a ejecutar pasan meses —a veces más de un año— y los materiales se encarecen sin que nadie actualice los precios. Especialmente en las obras pequeñas de ayuntamientos y Diputación, que son las que más sufren. La ley solo permite revisar precios cuando la obra lleva un año y se ha ejecutado el 20%. Pero muchas de estas actuaciones duran menos. El resultado es sencillo: o se pierde dinero, o no se acude. Las empresas aprendieron de 2007. Ya no se lanzan a crecer a cualquier precio aplicando la lógica. Al final todo eso lo pagamos todos.