La perdida batalla contra el diésel

Todo apunta a que el Gobierno de Sánchez ha vuelvo a perder de nuevo la batalla contra el diésel. Al parecer Ciudadanos solo acepta sentarse a negociar los Presupuesto Generales del Estado a cambio de que se retire la propuesta de gravar el diésel 3,8 céntimos el litro para equipararlo a la gasolina, y también para ponerlo al mismo nivel que en el resto de los países europeos. Los coches diésel consumen menos combustible, pero causan más contaminación atmosférica al emitir niveles muy superiores de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión, dos de los principales contaminantes del ambiente, y responsables del imparable cambio climático. Pero me da la sensación de que esto es lo que menos le preocupa al Gobierno de Sánchez, a pesar de los discursos de su vicepresidenta primera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha fijado en 2050 la prohibición en España para vender coches diésel. Lo que en el fondo le duele al Ejecutivo es que va a dejar de ingresar cerca de 500 millones de euros al año con la medida, ya que por la poca vehemencia con la que se ha defendido, tiene más carácter más recaudatorio que mediambiental. Cierto es que Ciudadamos le ha hecho un favor a Sánchez, ya que así no va a tenerse que enfrentar al potentísimo sector automovilistico, y tampoco al PNV —que ya había puesto el grito en el cielo— que ahora mismo no está dispuesto a sufrir las consecuencias de esta penalización al diésel que acapara todavía el 29% de sus ventas. Otro de los sectores afectados es el de los transportistas, que ya han calculado que la medida les supondría un gasto adicional de cerca de 1.500 euros anuales. En definitiva, España es un país que se aferra al diésel, y ante la poca voluntad política que hay para su retirada definitiva, ya que está visto que es moneda de cambio a la primera para negociar las cuentas del país, todo hace pensar que los motores seguirán rugiendo y polucionando hasta el final de sus días, allá por el 2050. Total, el efecto invernadero y el calentamiento de la tierra, pueden esperar, o no. Lo que tampoco es justo es que la transición ecológica se costee a base de impuestos, y que poner coto a la contaminación pase por ‘freir’ a los que no se pueden permitir comprarse un coche eléctrico.