Inmigración y crisis
Panorama | antonio papell
Es inquietante comprobar el surgimiento de algunas fricciones relacionadas con la inmigración cuando, según las previsiones en apariencia más fundadas, hemos dejado atrás el tramo más duro de la recesión sin que se haya alterado significativamente la estabilidad social de este país. De hecho, la alarma ha saltado en la localidad catalana de Vic, donde el equipo municipal -”el alcalde de CiU cuenta con el apoyo del PSC y de ERC-”, presionado por una formación de extrema derecha, planea negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles, en situación irregular. El asunto es jurídicamente complejo pero diáfano en términos políticos, aunque en el fondo exista una inevitable contradicción: la Ley de Régimen Local obliga a todos los extranjeros a empadronarse aunque la Ley de Extranjería impone la expulsión al extranjero que se halle «irregularmente en territorio español» o trabaje en España «sin permiso de trabajo o autorización administrativa previa». El significado de esta aparente paradoja es evidente: con independencia de que el inmigrante logre o no su objetivo de afincarse en España, una vez que ponga pie en territorio español tiene reconocidos los derechos inherentes a su condición de ser humano. Así, el empadronamiento le asegura asistencia sanitaria, educación para sus hijos, derechos constitucionales en una palabra.
Los casos singulares mencionados -”Vic, Torrejón, etcétera-” reflejan indudablemente situaciones de caos provocadas por la sobreabundancia de extranjeros en momentos de dificultad socioeconómica y de elevado desempleo. El porcentaje de inmigrantes es, en lo tocante a las ciudades mencionadas, del 23% en Vic y del 20% en Torrejón Y si en la mayoría de los casos la sociedad ha digerido con solvencia democrática el problema, en otros han surgido movimientos xenófobos: en Vic, la segunda fuerza de la localidad es la Plataforma per Catalunya, racista y de extrema derecha, liderada por Josep Anglada, vicepresidente provincial de Fuerza Nueva en Barcelona. Ante estos movimientos xenófobos, basados en idearios fascistas, los partidos democráticos deben extremar su rigor constitucional.
Es irrelevante que algunas encuestas, arrancadas por métodos dudosos, acrediten conformidad social a determinadas restricciones a la inmigración. Quienes están en cargos institucionales han de someterse, en primer lugar, al imperio de la ley de forma incondicional. Y, en segundo lugar, han de estar dispuestos a afrontar la impopularidad que ello puede reportarles en algunos casos. En este sentido, conviene decir sin ambages que es inaceptable la lenidad comprensiva que los líderes de CiU -”con la mención expresa de Duran Lleida, desorientado en este asunto-”, del PSC y de ERC manifiestan ante las propuestas xenófobas que el equipo de gobierno de Vic se plantea materializar. Es probable que en los lustros pasados de fuerte crecimiento económico hayamos cometido errores en las políticas inmigratorias, y quizá haya que ajustarlas a la nueva situación para evitar futuros problemas de adaptación e integración de los futuros flujos. Pero no puede darse paso alguno sin tener primero en cuenta que la materia de este debate es nada menos que un colectivo de seres humanos, cuya dignidad es el primer bien que debe ser protegido. En este caso, las leyes no sólo regulan la convivencia sino que sostienen unos principios que para los demócratas son simplemente irrenunciables.