Pacto, desconcierto, desempleo

Panorama | antonio papell

El paro sigue aumentando, incluso después de que la actividad en el sector más dañado por la crisis, la construcción, haya tocado suelo (curiosamente, en febrero ese sector generó empleo por primera vez en muchos meses), y seguirá haciéndolo muy probablemente hasta que el creci miento económico se consolide y sobrepase el umbral del 2%. La situación es por su propia naturaleza insoportable ya que, por añadidura, estamos en el punto de inflexión en que los estímulos fiscales a la actividad han de comenzar a compaginarse con las medidas de ajuste, con la consiguiente esquizofrenia de los gestores públicos.

En esta coyuntura, que genera más zozobra social porque la percepción de la crisis todavía no se alivia con los primeros signos de la cercana recuperación, la gran urgencia que debe ocupar al Gobierno del Estado -y, en la medida de lo posible- a los gobiernos autonómicos y municipales es la recuperación del empleo. Para ello, no debería demorarse ni un minuto más la puesta en marcha de todas las medidas que vayan en esta dirección, varias de las cuales están incluidas en el documento del Gobierno para el pacto de Estado que se empezó a discutir ayer.

Así por ejemplo, el impulso a la rehabilitación de viviendas y de edificios públicos, que también los sindicatos respaldan para la explotación de nuevos nichos de empleo, debe ser lanzado sin mayor demora, y desde luego sin esperar a pacto alguno. También sería deseable que el Gobierno y los agentes sociales optasen por implementar determinadas reformas del mercado laboral, todo lo transitorias y reversibles que se quiera, para mitigar situaciones insostenibles de ciertos sectores, como los jóvenes en busca del primer empleo. Igualmente, ciertas actuaciones tendentes a facilitar la financiación pymes y autónomos no deberían requerir protocolo alguno para ser emprendidas. uiere decirse, en fin, que hay que distinguir con claridad entre la gestión ejecutiva de la crisis, que incumbe al Gobierno -”y a los demás gobiernos territoriales-”, y en cuyo desarrollo sería inteligente tener en cuenta las sugerencias de las fuerzas de oposición, y las cuestiones de mayor alcance y recorrido que sí deberían ser objeto de acuerdos solemnes, bien porque requieran un desarrollo legislativo, bien porque marcan un rumbo futuro a medio y largo plazo. El fondo de la estrategia de Economía Sostenible, que plantea el cambio del modelo de desarrollo y las políticas educativa y energética a largo plazo, sí ha de ser pactado. Pero ni ese pacto tendrá realmente incidencia en el corto plazo ni es preciso someterse al laborioso proceso de acordar voluntades cuando de lo que se trata es de poner en marcha políticas activas de generación de empleo, facilitar el surgimiento de nuevos nichos de actividad, o posibilitar decisiones empresariales de contratación que no se frustren por la rigidez del modelo. En otras palabras, sería absurdo que la ambición de un gran pacto retrasase o impidiese la debida agilidad en la lucha contra el desempleo. Algunas voces de la oposición ya lo han significado, y el Gobierno ha de apresurarse a dejar de hacer propuestas para ponerse al frente de la ingente tarea de conducir al país cuesta arriba a lo largo de la dura pendiente que todavía nos aguarda hasta que empiecen a divisarse los grandes objetivos.