Delirante

El Estatuto de Castilla-La Mancha sigue bloqueado por causa del agua. En pleno furor particularista, las fuerzas políticas llegaron a exigir la clausura del trasvase Tajo-Segura; ahora la pugna se mantiene en torno de una hipotética reserva semejante a la que, probablemente al margen de la Constitución, ha conseguido Aragón en su nuevo Estatuto. La prensa informaba de que Barreda «aceptaría bajar de 6.000 a 4.000 hectómetros (cúbicos) la reserva de agua». El espectáculo de este regateo es no sólo políticamente inmoral sino verdaderamente escatológico. Es lamentable que, a estas alturas, haya que recordar que los recursos hídricos de un Estado son patrimonio común y que los debates deben versar sobre cómo conseguir un reparto más eficiente y equitativo y no sobre cómo gestionar el acaparamiento preventivo.