Recetas para un sistema insostenible

De siete en siete | rafael monje

Si hay un asunto que preocupa especialmente a las administraciones, éste es sin duda el del déficit sanitario. Y no es de extrañar, porque es crónico. En la Comunidad, la factura farmacéutica se ha disparado hasta los 750 millones de euros al año y las características poblacionales auguran un mayor gasto por envejecimiento, densidad y dispersión, lo que hace imprescindible la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación. El propio presidente de la Junta ha puesto el dedo en la llaga al advertir de que si no se toman medidas, el sistema puede entrar en la UVI en un plazo de tres o cuatro años. La cuestión, por tanto, no es baladí y exige no sólo abrir el melón de la corresponsabilidad financiera, sino también aquellos otros que inciden de forma directa en la universalidad y solidaridad que deben caracterizar a todo sistema de salud justo y eficaz. Es decir, que además del control del gasto, el ministerio y las comunidades deberían abordar con urgencia la participación de los servicios regionales en el establecimiento de precios y prescripción de medicamentos, en la creación de un plan estratégico de recursos humanos o en la homologación de una cartera de servicios única y común para todos.

La sostenibilidad del modelo sanitario requiere, sin duda, de la suficiente valentía política en la que la responsabilidad debe primar por encima de cualquier medida más o menos complaciente. No es razonable que Castilla y León contabilizara el año pasado casi 45 millones de actos asistenciales para una población que sólo ronda los 2,5 millones de personas; y mucho menos que el gasto farmacéutico represente casi el 25 por ciento del presupuesto sanitario. Los datos son por sí mismos lo suficientemente reveladores como para que el Gobierno de Juan Vicente Herrera abandere con la necesaria altura de miras aquellas decisiones que, en el marco del consejo interterritorial, promuevan el mantenimiento del sistema desde la base de su universalidad y equidad asistencial, porque no olvidemos, además, que estamos hablando de uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. El posible copago sanitario apuntado por el jefe del Ejecutivo autonómico es una solución a estudiar, siempre y cuando cumpla con la progresividad fiscal, o sea, que pague más quien más tiene. Pero junto a ello es necesario arbitrar las medidas que permitan reorganizar la labor asistencial, saludar la imprescindible responsabilidad de usuarios y facultativos y extender las nuevas tecnologías en la organización sanitaria. Si el copago es una medida a adoptar, antes el sistema de salud también debería corregir las habituales disfunciones entre las diecisiete comunidades autónomas, extender la receta electrónica entre los enfermos crónicos y promover la dispensión de medicamentos por unidosis para que el paciente consuma realmente la cantidad prescrita, incluso dejando al margen de la gratuidad aquellos fármacos no prioritarios como es el caso de la píldora del día después.