Fianzas

La institución de la fianza, introducida en nuestro ordenamiento por la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, es hoy un anacronismo controvertido. En el caso de Jaume Matas, la imposición de una fianza de tres millones de euros, la más alta a un político, ha reabierto la polémica: de no presentarla a tiempo, el inculpado tendría que ingresar automáticamente en prisión. Pero, de hacerlo, estará reconociendo unas disponibilidades dinerarias que, por sí solas, constituyen un clarísimo signo de culpabilidad. Es poco creíble, además, que la fianza, en estos casos, asegure que el inculpado no se evadirá de la acción de la Justicia. Por lo que es difícil eludir la impresión de que, en realidad, la fianza sirve para que los ricos compren así su libertad. Dudoso mensaje que no prestigia precisamente al sistema judicial.