Estado de excepción
Panorama | antonio papell
Los pronósticos voluntaristas de que habíamos tocado fondo y de que ahora habíamos por tanto de empeñarnos en gestionar la recuperación comienzan a fallar ostensiblemente. Y aunque el pesimismo infundado sería censurable porque este país necesita confianza, estímulos e ilusión para salir del pozo, no queda más remedio que enfatizar la alarma que produce el comprobar que no todas las energías políticas y sociales están puestas en el empeño en que nos va la supervivencia.
Los datos son estremecedores: el paro según la EPA -que es el indicador fiable- del primer trimestre supera el 20% y los 4,6 millones de desempleados; todo indica que, contra pronóstico, no habríamos salido de la recesión y en marzo se habría registrado todavía un retroceso del PIB del 0,1%; la degradación de la situación griega y el escaso arrojo europeo en la operación de salvamento del país heleno puede acabar arrastrando a los demás países de la UE en dificultades (Portugal, Irlanda, España); y es posible que la premiosa implementación del ajuste y de las medidas estructurales pertinentes nos aboquen a una nueva rebaja de los «rating», lo que agravaría nuestras dificultades, ya severamente detectadas por las bolsas.
Ante esta realidad que nos agobia, el presidente del Gobierno mantiene la tesis de que el paro ha tocado fondo. Pero, como han recordado con asombro todos los analistas, en España nunca se ha creado empleo con crecimientos económicos inferiores al 2%... Y según las previsiones del Fondo Monetario Internacional tal cosa no acaecerá hasta ¡2016! Pero lo desconcertante es que aunque el dibujo de la realidad que acaba de hacerse en los párrafos anteriores no es ningún secreto y ha sido interiorizado por todos, quienes tienen obligación de reaccionar con toda urgencia no dan señales de sentirse apremiados por la coyuntura. De hecho, las noticias principales de estos días son las estrafalarias vicisitudes del «caso Garzón» en el Supremo, la bronca catalana sobre el Estatut y el Tribunal Constitucional y los sucesivos episodios de corrupción englobados en el «caso Gürtel». Asuntos sin duda relevantes pero secundarios frente a una coyuntura económica que ya ha postrado al menos a uno de cada cinco trabajadores.
La dilación más llamativa es la de la reforma laboral, en que los agentes sociales, requeridos para acordar la modernización del mercado, parecen incapaces de entender la envergadura del reto y mucho menos la perentoriedad de su decisión, que, si es acertada, infundiría oxígeno al tejido económico y animaría al empresariado a ponerse al frente de la recuperación. Especialmente censurable es la apatía de los sindicatos, que con su pasividad se desentienden de la suerte de esos millones de parados que a todas luces no forman parte de su clientela. Pero hay más reformas pendientes que ayudarían a recuperar el paso: los pactos educativo y energético garantizarían la evolución necesaria del sistema productivo; y la reforma del sistema financiero -con especial incidencia en las cajas de ahorros- contribuiría a la recuperación de la solvencia de unas instituciones minadas por la especulación inmobiliaria durante la burbuja. No es de recibo, en fin, que las principales energías de la nación no estén volcadas en esos grandes objetivos de reconstrucción y despegue, que son los que reclama con voz tonante la perceptible opinión pública de este país.