¿Más impuestos a «los ricos»?

Panorama | antonio papell

Los interminables debates teóricos sobre las políticas de oferta y de demanda han cesado en seco a causa de la crisis. Porque pronto se ha impuesto la tesis, acreditada por la experiencia, de que, cuando se trata de salir de los desequilibrios provocados por una recesión, son necesarios ajustes realizados mediante recortes del gasto para reducir el déficit sin afectar al crecimiento. Así se lo explicaron a España el Ecofin y los miembros de la Eurozona en aquel dramático primer fin de semana de mayo, así parecieron entenderlo Salgado y Zapatero y así lo dispuso el presidente en su anuncio del ajuste en su comparecencia del día 12. No había que ser un lince para entender que aquellas medidas eran gravemente impopulares y generarían, además de una airada reacción de los sectores afectados y de la sociedad en general, una caída en las expectativas electorales del partido del gobierno. Además, darían carnaza a la oposición ya que se interrumpía bruscamente el discurso social de Zapatero. Y enseguida comenzó a denunciarse, tanto desde sectores progresistas como conservadores, la inequidad, real pero seguramente inevitable, de aquellas medidas, que se cebaban directamente en funcionarios y pensionistas.

La evidencia de que el ajuste carga sobre los más desfavorecidos, alumbró (entre otras demagogias) la idea de que aquellas medidas debían ser compensadas mediante algún artificio que permitiera que «los ricos» fueran también partícipes del sacrificio. Designio voluntarista y simplón que, con valentía, habría que relativizar. Es evidente que una democracia sana debe asentarse sobre un sistema fiscal justo, con cierta progresividad. Pero ya no se sostiene el viejo tópico de la izquierda antigua de que el gran instrumento para ello es un impuesto sobre la renta duro, confiscatorio, que agrande innecesariamente el Estado y ralentice la economía. Hace tiempo que las socialdemocracias europeas aplican el criterio de que la nivelación social se logra, sobre todo, mediante la universalización de unos servicios públicos de calidad. En consecuencia, lo razonable es plantear, si acaso, una reforma integral del sistema fiscal, que habría que aplazar en todo caso hasta después de la crisis, y no un peligroso incremento artificioso de la progresividad, bien mediante el IRPF o por otras vías. En nuestro país, más del 80% de los contribuyentes son asalariados o autónomos que pertenecen a las clases medias, ya suficientemente exprimidas. Y en cuanto a los considerados «ricos», con ingresos por rentas de más de 52.360 euros anuales (el tramo alto del IRPF), el 4,3% de las liquidaciones -759.870 contribuyentes- soporta nada menos que el 40,3% de la recaudación, lo que indica que ya aportan más los que más tienen. Y la minoría de ciudadanos realmente adinerados disfruta de regímenes mucho menos exigentes: constituye sociedades, que tributan al 30%, o forma sicavs, que apenas lo hacen al 1%. Si de verdad se quiere incrementar las dosis de justicia social en este país habrá que recurrir a las vías convencionales: lograr que haya puestos de trabajo para todos, para lo cual el previo sacrificio colectivo es indispensable, y conseguir que todo el mundo pague sus impuestos, atacando las escandalosas bolsas de fraude que aún existen. Y si se quiere ir más allá, no estaría mal que el G-20, de cuya pertenencia tanto alardea Zapatero, se tomara en serio la necesidad de implantar la transparencia global y el aislamiento definitivo de los paraísos fiscales que son, en realidad, vulgares cuevas de ladrones.