Diario de León
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El mirador | antonio papell

Conocido el fallo del TC sobre el Estatuto de Cataluña aunque todavía no la sentencia, ha comenzado el momento de las gesticulaciones. Cada cual trata de llevar el agua a su molino en los dos asuntos clave que encierra la decisión del Tribunal: el hecho mismo de haberse pronunciado corrigiendo un texto refrendado por el electorado catalán, y la materialidad de concreta de dicha corrección. Sobre lo primero, la competencia del TC es indiscutible jurídicamente. Es cierto que al haberse suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad, que hubiera antepuesto el contraste de constitucionalidad al referéndum, se ha dado lugar a una antiestética paradoja jurídica pero habrá que reconocer que no tendría sentido que no se tuviera en cuenta el encaje constitucional de un Estatuto de autonomía por el hecho de que su aprobación incluya preceptivamente la consulta popular.

En lo referente a lo segundo, la materialidad concreta de la sentencia, el ruido producido por los partidos no puede ocultar que la poda ha sido muy leve, se ha limitado a los aspectos más chirriantes del Estatuto y ha dejado intactas las líneas maestras de la vigente Carta catalana. Efectivamente, en primer lugar, queda totalmente a salvo la controvertida y cuestionada (por los recursos de inconstitucionalidad) inmersión lingüística, que ha impedido la segregación y la ruptura del modelo educativo en dos fracciones; el catalán no alcanza la condición de preferente pero sigue siendo la lengua vehicular en la enseñanza. En segundo lugar, la sentencia suprime el artículo 97 que describe la composición y funciones del Consejo de Justicia de Cataluña, piedra angular de un Poder Judicial propio; sin embargo, la descentralización judicial sigue siendo posible -”así lo manifiesta el TC-” mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente, el TC convalida, aunque los acote, otros elementos centrales del nuevo Estatuto, como la bilateralidad o la participación en competencias estatales.

No es, pues, aventurado decir que el TC ha respetado el alma del Estatuto, salvo en aquellas cuestiones aisladas que reflejaban vectores soberanistas, y por lo tanto extraconstitucionales.

Así las cosas, las respuestas que ha recibido el fallo son estrambóticas. La gesticulación general en que se ha convertido la protesta resulta difícilmente racionalizable. Habrá una gran manifestación en defensa del derecho a decidir el día 9, encabezada por Pujol y Maragall, y a la que se adhiere la Generalitat. CiU enarbola el orgullo herido de Cataluña y comienza a mencionar la exigencia de acceder al concierto económico. Es probable que la manifestación que se prepara registre una gran asistencia, atraída por el mensaje del agravio y del victimismo que tan bien maneja el nacionalismo catalán. Ello no obstante, la clase política catalana debería reflexionar sobre si tiene sentido continuar crispando la vida pública en una sociedad ahíta de politización y demagogia. Y la ciudadanía habría de meditar sobre los verdaderos móviles de quienes la reclaman, y que probablemente tengan mucho que ver con las inminentes elecciones y muy poco con el contenido concreto de la sentencia.

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