Diario de León
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Fronterizos | miguel a. varela

Uno cree en lo público. También, claro, en la libertad, desde postulados racionalistas ilustrados, lo cual coloca a uno en connivencia con eso que denominamos, desde el siglo XIX, liberalismo. Pero uno tiene el convencimiento de que el Estado debe cumplir un papel determinante en la corrección de las desigualdades y garantizar la universalidad de servicios básicos. Se supone que esa posición igualitarista me sitúa en la socialdemocracia. En esa posible contradicción anda uno, pensando también que la gestión pública debiera practicarse desde el principio de la eficacia sin que por ello se viese afectada la libertad. Y en estas divagaciones aparecen las andanzas de los toreros, que se han reunido con Rubalcaba para solicitar la transferencia a la cartera de Cultura de las competencias taurinas que ostenta Interior. Un hecho que se produce después de que el Parlamento catalán prohibiera algo que la costumbre ya había llevado prácticamente a la extinción en la esquina noreste de nuestra sufrida Península. Uno cree que ese interés de los lidiadores por ser considerados artistas tiene que ver con la orgía posmoderna en la que, con palabras de Vicente Verdú, «se han desvanecido los cánones que permitían ordenar y sopesar cualquier otra cosa». Pero en este trasiego se entera uno de que las competencias de Interior en materia taurina se limitan a la seguridad de los festejos, el análisis de astas en el laboratorio (¿?) y el registro de profesionales. Agricultura mantiene autoridad en el aspecto ganadero y Sanidad en el destino alimenticio de la carne del animal tras su muerte en la plaza. De la misma forma que los peces son competencia de Medio Ambiente pero en el agua de los ríos mandan las confederaciones. Y vuelve uno a su fe en lo público, puesta en duda ante un kafkiano panorama administrativo en la que el concepto eficacia ha sido borrado de los protocolos de actuación.

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