Habrá un canon para las eléctricas
La Junta ha pasado de las advertencias a los hechos y ha respondido al órdago de las eléctricas al recurrir las ayudas al carbón con el anuncio de un canon o tributo que deberán afrontar las empresas eléctricas que operan en la Comunidad. Hoy mismo el Consejo de Gobierno, a petición de las Cortes de Castilla y León por unanimidad de todos los grupos, analizará un informe que debe ayudar a encajar jurídicamente y a llevar a la práctica este tributo.
Herrera negó que exista una intención «vindicativa» en esta medida, que cuenta con el apoyo de los tres grupos de las Cortes de Castilla y León, pero lo cierto es que hace pocos días que el propio presidente clamaba contra la «hostilidad» de las eléctricas al poner en un brete el futuro de más de 3.000 familias cuyo porvenir depende directamente del carbón. El procurador leonesista Joaquín Otero aventuró ayer que el canon propuesto supondría entre 50 y 100 millones de euros anuales de ingresos pero es evidente que, a falta de perfilar el tributo, estas cifras no dejan de ser meramente indicativas. Máxime cuando tampoco está claro, en estos momentos, si se está pensando en un canon sobre los aprovechamientos hidroeléctricos exclusivamente o un canon que vaya más allá y que se plantee sobre la producción total de energía. Esta última opción parece la más adecuada y las más justa a la hora de conseguir que al menos una parte de los cuantiosos beneficios de las eléctricas reviertan en las comarcas en las que radican los recursos y, en nuestro caso, vayan a parar a las cuencas mineras.
Galicia lleva la delantera con un canon hidroeléctrico que este año va a reportar 14,5 millones de euros. En Castilla y León las cifras serían más altas debido a las características de nuestros embalses, de mayor capacidad.
Estamos ante un debate de gan calado que se entiende mejor con estos datos: las eléctricas han acaparado en los últimos años una media de mil millones de euros anuales por la explotación hidroeléctrica de los ríos españoles. Y estas mismas empresas vienen abonando al Gobierno entre 10 y 20 millones de euros al año por el uso de este agua que, se supo ne, es un bien público y «sin dueño».