TRIBUNA
Controladores, otra lectura
E s innegable que muchos ciudadanos y ciudadanas se han visto perjudicados, gravemente perjudicados, por la situación y que no todos ellos y ellas desean viajar por motivos turísticos, sin duda comprensibles, por aprovechar unos días de descanso. Tampoco hay que olvidar los efectos colaterales: empresas subcontratadas por compañías aéreas que pueden quebrar y más despidos.
Probablemente haya sido ésta una huelga de profesionales de «élite» que miran estrictamente, y han mirado desde hace tiempo, sus propios intereses, despreciando o mirando desde arriba las «huelgas» de obreros y estudiantes que recorren toda Europa en defensa de los derechos colectivos de las clases trabajadoras.
Pero parece sospechoso que los medios de comunicación públicos y privados arremetan «todos a una» contra los controladores aéreos (pocas controladoras parece haber), manteniendo una sospechosa unidad de acción, que conecta fácilmente con el sentir de los muchos miles de personas que se han visto perjudicadas gravemente.
Resulta facilísimo canalizar toda la ira de quienes están afectados directamente y de quienes, desde sus casas, empatizan con ellos. Parece que toda la culpa y responsabilidad es de los controladores aéreos, esos privilegiados que tienen «secuestrada» a la sociedad. Muchas voces se alzan desde los medios pidiendo primero y aplaudiendo después, no sólo la militarización de su función y la aplicación de estados antidemocráticos de excepción, sino también castigos ejemplares: despidos fulminantes, cárcel agravada, aplicación de la ley antiterrorista-¦ Hasta algún que otro medio supuestamente progresista se une a al coro de los linchadores.
Sin embargo todos estos medios han evitado sospechosamente realizar valoraciones que contextualicen la situación. Según el discurso dominante y convertido en propaganda desde los medios del gobierno, los controladores aéreos -"de quienes digo una vez más que no forman parte en absoluto de mis simpatías-" son poco menos que el diablo, y se han puesto de acuerdo caprichosamente -"hay quien dice que ejerciendo «terrorismo»-" para secuestrar a la sociedad española impidiendo sus desplazamientos. Y resulta curioso ese deseo-"necesidad de quedarse en tan simple conclusión. ¿A nadie se le ocurre preguntarse serenamente por la razón del comportamiento de este colectivo?
Porque la «deserción» de sus puestos por parte de los controladores viene precedida por la aprobación sorpresiva y urgente de un decreto que regula de arriba abajo su función laboral pasando por encima de negociaciones que llevan cinco años sobre la mesa. El anuncio, el uno de diciembre en el Congreso de Diputados, por parte del presidente del Gobierno, de la privatización parcial de los aeropuertos españoles (además de la cancelación de la ayuda de 426 euros para los desempleados sin recurso: ¡una de las medidas más infames que se recuerdan en la historia del «socialismo» entregado español!), es seguido el tres de diciembre por la ratificación por el Consejo de Ministros de un real decreto de medidas económicas en el que se establece que sólo computa como jornada laboral el tiempo destinado al control del tránsito aéreo (dejando fuera del cómputo de esa jornada laboral las horas sindicales, las guardias, las licencias, las bajas por incapacidad laboral y las reducciones de jornada).
Los controladores abandonan masivamente sus puestos de trabajo en protesta por la decisión del Gobierno. El Gobierno que en tres días ha pasado de privatizar parcialmente los aeropuertos a militarizarlos, y pega este fortísimo puñetazo en la mesa que supone la ruptura total e incluso chulesca de las negociaciones «justo el día en que empieza el puente más importante del año» a nivel de desplazamientos aéreos. ¿Creen ustedes que esto es casual? Parece que todo lo que está ocurriendo es una magistral jugada del Gobierno que está utilizando a los controladores aéreos como si fueran marionetas. No creo tan tontos a Blanco, al astuto Rubalcaba y a Rodríguez Zapatero para ignorar que su decretazo unilateral, hecho por la mañana, iba a provocar una respuesta contundente por parte de los controladores. Cada vez resulta más claro que esta respuesta era deseada por el Gobierno y estaba inducida por él para poder aplicar a continuación las medidas militarizantes de excepción que han venido detrás.
En sus comparecencias públicas, José Blanco, totalmente desencajado, recordaba al Ronald Reagan de los años ochenta. Los controladores norteamericanos le echaron un pulso y ese presidente, que mandó invadir Granada y generó el terrorismo de Estado contra la Nicaragua del primer sandinismo, no vaciló: los despidió a todos. Blanco está abonando la misma senda de amenazas y represión. La actitud del Gobierno «socialdemócrata» roza el escándalo. Su reacción no tiene precedentes en la historia reciente española. ¡Un general del Ejército como miembro de un gabinete en crisis! ¡Militarización de un servicio civil! ¿Qué razón puede tener el Gobierno para llegar a actuar de esta forma tan agresiva? De entrada resulta una buena maniobra de distracción ante el acoso del PP, ante las filtraciones de Wikileaks en las que se desnuda su grado de corrupción, y especialmente ante las trascendentes decisiones que están tomando estos días relacionadas con privatizaciones masivas y recortes de prestaciones. Pero también es un aviso a navegantes: pondremos incluso a los militares a trabajar para hacer cumplir los decretos que ejecutamos en pro de la estabilidad de los mercados, las finanzas y la banca. Es un mensaje claro a los sindicatos y demás disidentes de la fe neoliberal: impondremos las reformas a la baja con pacto o mediante manu militari.
Por supuesto el ejército y los poderes económicos aplauden hasta con las orejas esta nueva y fortísima vuelta de tuerca de conculcación de derechos y retroceso hacia formas dictatorial es efectuada, no entre protestas y movilizaciones ciudadanas resistentes, como sería de esperar, sino entre aplausos. Es que no nos pueden engañar más y mejor.