Día de la Mujer: el reto de la igualdad

Aun reconociendo los avances en igualdad y justicia social conseguidos por las mujeres, aprovechando la excusa de la crisis global, el sistema capitalista sigue usando y abusando de la ma no de obra femenina y recortando las míseras prestaciones, provocando graves exclusiones.

El acuerdo de pensiones agudizará la desigualdad que sufren las mujeres, acrecentando la feminización de la pobreza y reforzando, aún más, el sistema de división sexual del trabajo. El riesgo más temible para las mujeres, además de su no incorporación al mercado laboral, es el retorno a las labores domésticas y de cuidados familiares, orientación alentada por el actual pacto de pensiones, al establecer que el cuidado en el hogar va a ser considerado tiempo cotizado. La consecuencia de esta situación será una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales. Además, las retrógradas reformas del sistema de pensiones, están marcadas por el sexismo más alarmante. Aún no se han creado las condiciones efectivas para la integración total de las mujeres en el mercado laboral con plenos derechos, tanto salariales como profesionales, por lo que la realidad es que nunca llegarán a poder acumular los años de cotización necesarios para su jubilación plena.

Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con mayor rigor a las mujeres inmigrantes, hacen más apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y de los sistemas de protección. La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, igualmente, una quimera. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Porque para que esto ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista que aún existe. El problema se agudiza porque los servicios de los cuidados se dan en un contexto de fuerte privatización de lo público. Queremos cuidar replanteando el modelo, bajo la premisa de que lo prioritario no es el mercado, ni el cuidado ajeno, sino nuestras propias vidas.

Cuestionamos un modelo en el que se plantea la inexistencia de responsabilidades y de cuidados sobre nadie, incluso sobre las propias necesidades; donde cada día libremente nos ponemos enteramente a disposición de las ilimitadas demandas de la empresa. Es necesario convertir el derecho del empleo digno y para todas las personas en un medio, no un fin en sí mismo. La feminización de las migraciones y la mercantilización de los hogares, están dando lugar a una fuerte redistribución diferenciada de los cuidados entre mujeres, marcada por la clase social, la etnia, y la situación migratoria. A la debilidad estructural del mercado laboral femenino, se añade la infrarrepresentación de las mujeres en cargos de responsabilidad, en empresas, y administraciones públicas.

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia para hacer un llamamiento a la movilización de las mujeres por una política laboral, fiscal y social, al servicio de la redistribución justa de los recursos y soluciones urgentes a los colectivos más vulnerables: trabajadoras domesticas, mujeres jóvenes, migrantes, del ámbito rural, y monomarentales. La defensa de los servicios públicos y el incremento del gasto social. Corresponsabilizar a toda la sociedad del sostenimiento de la vida. Una vida que merezca ser vivida. Las personas como sujetos políticos, frente al concepto de seres mercantiles. Corresponsabilizar del hogar a todos los hombres: reducción generalizada de la jornada, sin pérdida de salario y prestaciones. Derecho al trabajo, pero también al cuidado y al tiempo libre. A cuidar con condiciones laborales justas y eliminación de prestaciones para el cuidado, incompatibles con el trabajo asalariado (art. 18 de la Ley de Dependencia y el reconocimiento de 9 meses de cotización por el cuidado de un/a hijo/a pactado en el «pensionazo»). A defender la custodia compartida cuando sea posible mediante acuerdo y no por imposición tal y como se recoge en la legislación actual. La imposición judicial por norma, sin cons enso entre las partes, en un contexto de desigualdad como el actual, no beneficia ni a los/as menores, ni es un paso adelan te hacia la construcción de la igualdad.