Argumentos bumerán

Una de las virtudes de las que presume el PP es la de mantener y defender los mismos principios en todo el territorio nacional, sin moldear sus posiciones de forma oportunista en cada comunidad autónoma. Durante los últimos siete años, en los que el gobierno socialista, al carecer de mayoría parlamentaria, se ha visto obligado a pactar puntualmente con partidos nacionalistas, los reproches de Rajoy a Zapatero han sido incesantes. Desde el «España se rompe» acuñado alrededor de la reforma del Estatuto de Cataluña hasta la aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado, el PP ha acusado sistemáticamente a los socialistas de sacrificar la igualdad territorial de los españoles a cambio de esos apoyos periféricos obligados para sobrevivir en el gobierno.

En esto, como en otras muchas cosas, el PP muestra una notable amnesia selectiva. El peaje a los partidos nacionalistas, principalmente CiU y PNV, no lo ha patentado Zapatero. Desde 1977 lo ha pagado el gobierno de turno cada vez que se ha visto necesitado. Primero fue Adolfo Suárez, luego Felipe González, y, antes que Zapatero, José María Aznar, quien en su primer mandato (1996-2000), se entendió de maravilla con los nacionalistas catalanes y vascos, con los que negoció los apoyos necesarios para gobernar. De suerte que Aznar, que en la oposición se había opuesto a la cesión del 15 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas, aumentó dicho porcentaje hasta el 30 para satisfacer la exigencia de Jordi Pujol.

Lo anterior es sólo un ejemplo de la facilidad con la que los partidos cambian su política si lo que está en juego es el poder. Por eso los programas electorales suelen ser papel mojado. Y ni siquiera estando en la oposición ese discurso nacional es tan único en todas las comunidades como presume el PP. Se ha visto con el Plan Hidrológico Nacional, sobre el que Rajoy no ha conseguido armonizar las diferencias que mantiene su partido en Murcia y Castilla La Mancha. Y ha ocurrido con el decreto de ayudas al carbón nacional, recurrido sin miramientos por la Xunta de Galicia sin que le haya importado un pimiento la posición de la Junta de Castilla y León.

Ahora estamos viendo como el PP reclama el cambio político en Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, argumentando que la permanencia en el poder de un mismo partido durante casi treinta años gobernando con mayoría absoluta propicia el clientelismo político y la corrupción. Comparto plenamente el argumento y me sumo a los que consideran muy sana la alternancia política. Quien no creo que lo comparta es el PP de Castilla y León, que lleva 24 años gobernando esta comunidad autónoma y lógicamente aspira a seguir haciéndolo cuatro más después del 22 de mayo. ¿O no?