El riesgo de legislar 'ad hoc'

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) frenando las aspiraciones de Castilla y León de asumir la gestión básica de la cuenca del Duero ha supuesto un duro revés para el gobierno autonómico. Como quiera que lo que suspende el fallo el Alto Tribunal es parte del Estatuto de Autonomía, no cabe exigir responsabilidades políticas a la Junta, puesto que lo declarado inconstitucional forma parte de una Ley orgánica de las Cortes Generales aprobada en su día sin ningún voto en contra. De ahí que nadie pueda responsabilizar a nadie del jarro de agua fría administrado por el Alto Tribunal.

No será el caso, si se produce una sen tencia contraria, de otra serie de recursos pendientes de fallar por el TC en relación con determinadas leyes de las Cortes de Castilla y León auspiciadas por el propio Ejecutivo de la comunidad. El último de esos recursos es el que acaba de interponer el gobierno Zapatero contra la Ley aprobada hace un par de meses sobre «Meseta Sky», la pista de esquí seco construida por la Diputación de Valladolid en las inmediaciones de Tordesillas. Se trata de una ley «ad hoc» promovida para legalizar a toro pasado una instalación ejecutada contraviniendo abundante normativa autonómica y estatal. El subterfugio empleado para ello fue una sobrevenida declaración de «interés regional» que pretendía dejar sin efecto las 13 sentencias judiciales en contra de una instalación en la que se han gastado más de 12 millones de euros de fondos públicos. La ley impugnada por el gobierno central fue aprobada por unanimidad del Parlamento autonómico. La de «Meseta Sky» ha sido la última de una serie de leyes similares promovidas «ad hoc» para salvar los obstáculos legales interpuestos a determinados proyectos, casi siempre relacionados con el Medio Ambiente. En unos casos para sortear la normativa medioambiental, en otros para legalizar a posteriori actuaciones desautorizadas judicialmente, el procedimiento siempre ha sido el mismo: Aprobar una ley autonómica declarando de interés regional el proyecto en cuestión.

Por esa vía se han legalizado instalaciones tan conflictivas como el almacén de residuos industriales de Santovenia de Pisuerga y el vertedero de Gomecello y se ha conseguido sacar adelante la polémica Ciudad del Medio Ambiente de Soria. Todos estos proyectos están pendientes de sentencia por el Tribunal Constitucional, donde se encuentran recurridos a instancias del PSOE, que, a diferencia del de «Meseta Sky», se opuso en las Cortes de Castilla y León a todas estas leyes. Legislar «ad hoc» es jugar con fuego y, tras la aprobación de las DOT de la Montaña Cantábrica Central, la Junta debería tenerlo muy presente si quiere que la estación de San Glorio llegue a buen puerto.