Un gobierno débil

Gregorio Morán, en su último artículo, reprochaba a Rodríguez Zapatero que hubiese comparecido en la noche trágica -para el PSOE- del 22M junto a Javier de Paz, «uno de esos símbolos negativos de todo lo que el zapaterismo ha alimentado con el doble lenguaje; humo para muchos y rica miel para algunos». El principal activo del personaje sería precisamente la amistad con Zapatero, argumento para que Alierta lo considere un colaborador insustituible (también tiene una eficaz antena del PP: Zaplana). Además, según Morán, «Javier de Paz, cuyo único título profesional es el de conseguidor, pertenece a ese club de gente exigente -un millón sobrado de euros al año- que considera imprescindibles las reformas estructurales de nuestro mercado laboral».

La compañía de Zapatero en este acto cuasi necrológico no es categórica, evidentemente, pero sí ha permitido alertar a algunos opinantes sobre los riesgos de que la familia de los conseguidores se aproveche de la debilidad de un gobierno en retirada, con un presidente saliente que tan sólo se ha reservado la gestión, para obtener ventajas particulares que lesionen el bien común durante este período de siete meses en que la provisionalidad en todos los órdenes nos puede arrojar en brazos de la esquizofrenia. He aquí un ejemplo: David Taguas, presidente de SEOPAN, hasta mayo de 2008 jefe de la Oficina Económica de La Moncloa con rango de secretario de Estado, se ha dirigido a Fomento para solicitar auxilio a las concesionarias de autopistas de peaje, que se encuentran en situación ruinosa: solicitan 120 millones de euros anuales durante veinte años. Es decir: deberíamos cubrir entre todos un déficit exorbitante que es evidentemente el resultado de una inversión errónea de empresarios privados.

Una «ventana de oportunidad» han encontrado asimismo los empresarios con el hundimiento gubernamental del 22M al dar por fracasado el diálogo social sobre la negociación colectiva: el Gobierno no tendrá más remedio que cumplir unilateralmente las prescripciones europeas, poner fin a la ultraactividad y consagrar la flexibilidad empresarial. En este caso, el sistema económico saldrá fortalecido, pero habría que ver si es sensato que el Gobierno del Estado, sea del signo que sea, asuma en estos asuntos toda la carga negativa.

Con independencia de lo que ocurra en las elecciones generales -"el pronóstico es hoy una victoria abultada del PP si no sucede un milagro-", los juegos de contrapesos democráticos deben funcionar en todo momento. El Gobierno tiene que permanecer vigilante en la defensa del bien común y el Parlamento ha de ejercer su tarea de control en la tutela estricta del interés general. Los -˜lobbies-™ son legítimos, pero con luz y taquígrafos y bajo la mirada atenta de la opinión pública.