La ley es la ley

A mí, como a usted, como a cualquier ciudadano, hay leyes y decisiones judiciales que no me gustan. Pero una cosa es que no nos guste una disposición legal, una sentencia, y otra muy distinta que nos podamos permitir que como no nos gusta no haremos ni caso. Si cualquier ciudadano dijera eso ante una resolución judicial que le afecte imagínense la que se organizaría. Bueno pues eso es ni más ni menos lo que está sucediendo en Cataluña por parte de los responsables públicos que se resisten a aceptar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a los poderes públicos a facilitar que los niños puedan estudiar en castellano, como lengua vehicular, si así lo prefieren. Por si fuera poco, el ministro de Justicia se ha lanzado contra la decisión del Tribunal Superior de Cataluña y se ha quedado tan tranquilo. Más comedida se ha mostrado la ministra Chacón a la hora de defender el actual sistema educativo en Cataluña.

Las leyes están para cumplirlas y las sentencias para acatarlas, aunque no nos gusten, y lo que no es admisible es que quienes nos representan, los poderes públicos, amaguen con no cumplir las resoluciones judiciales. Si la Generalitat, pongo por caso, decide no acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que nos expliquen a los ciudadanos de a pie por qué tenemos que acatar otras sentencias o resoluciones judiciales.

Tanto el catalán como el castellano son lenguas oficiales en Cataluña, luego todos debemos de tener la posibilidad de hablar en cualquiera de las dos lenguas, y desde luego decidir en cuál estudian nuestros hijos. Es una cuestión de libertad, de un derecho de cualquier ser humano a poder estudiar en su lengua materna dentro de su país.

Yo soy madrileña, pero si tuviera que irme a vivir en Cataluña tengan por cierto que intentaría aprender catalán simplemente por el deseo de integrarme mejor. Pero lo que me resultaría del todo insoportable es que no me permitieran que eligiera en qué idioma puede estudiar mi hijo.

Puede que decidiera que lo hiciera en catalán, o puede que no, pero en todo caso en un país democrático la ley tiene que amparar ambas posibilidades sin que una vaya en detrimento de la otra.

Nunca he entendido la guerra de las lenguas, y me parece que quienes las provocan no sólo son cortos de miras sino que, además, tienen una visión totalitaria de la política. No se puede organizar una rebelión porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado algo no sólo acorde con la ley sino con el sentido común: que el castellano también pueda ser lengua vehicular para quien así lo necesite.

La Generalitat tiene que dar ejemplo y cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y me atrevería a decirles que no teman, que el catalán goza de excelente salud, que es una lengua viva que no necesita que la defiendan de mala manera.