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León

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León vivirá hoy la inaguración del Instituto Confucio, que convertirá a la Universidad en un referente para esa segunda generación de chinos del noroeste de España. Al acto, además de un amplia delegación del Gobierno chino y de la ciudad de Xiangtan, sede de la Universidad que ha impulsado la llegada de este instituto a la capital leonesa, asistirán numerosas autoridades, entre las que se encuentra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el alcalde de León, Emilio Gutiérrez; la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el consejero de Educación, Juan José Mateos, entre otros. Una presencia que demuestra la importancia y trascendencia institucional del evento.

Algo que, en un primero momento, no debió ver alguien en el Partido Popular de Madrid cuando decidió este sábado presentar un recurso ante la Junta Electoral Central contra la presencia de Zapatero.

En el escrito, el PP aseguraba que se vulneraba el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen General (Loreg), que dice textualmente: «Queda prohibido cualquier acto organizado y financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que se utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

A la vista del artículo y de la invitación para el acto, en la que se recoge que Zapatero lo presidirá, es cierto que el recurso tiene base legal, pero no lo es menos que en un evento de este tipo, donde están todas las instituciones representadas, se debe imponer la cordialidad. La conversación telefónica del alcalde de León, Emilio Gutiérrez, con Zapatero vino a poner sensatez y cordura y desbloqueó la situación, al retirar el PP el recurso que había puesto en jaque la inauguración, organizada por el Gobierno chino y la Universidad, de un centro que se ha fijado como fundamental para dinamizar el futuro de la Universidad.

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Finalmente, la sensatez ha primado sobre un recurso que, pese a tener base legal, resultaba innecesario.