Un prejubilación bajo sospecha

El sistema financiero español se ha llevado la friolera de más de 7.000 millones de euros del Estado para poder hacer frente a los muchos agujeros y para que muchas entidades, sobre todo las cajas de ahorros, pudieran tener futuro dentro del nuevo marco financiero internacional.

Caja España-Duero no ha sido ajena a esta necesidad de fondos y dentro de esa recapitalización recibió 523 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y después tuvo que ser rescatada por Unicaja, que le aporta los otros 463 millones que precisaba. Con estos números encima de la mesa no se entiende cómo la entidad decide pagar 554.000 euros de prejubilación al ex alcalde de León y todavía consejero de la entidad, Francisco Fernández, cuando no había razón para ello, porque Fernández no cumple ninguno de los requisitos del ERE que se cerró tras el acuerdo laboral sellado cuando se acordó la fusión entre Caja España y Caja Duero. O lo que es lo mismo, la decisión de prejubilarle sólo compete al comité de dirección de la entidad, que es quien la ha acordado.

Una decisión que, como la propia entidad se limitó a decir ayer es «rigurosamente» legal, pero sin duda poco o nada moral. Más si se tiene en cuenta que Fernández ya cobra un sueldo del Ayuntamiento y cuando lo deje contará con la retribución de diputado del Congreso. En cualquier caso, Francisco Fernández no es el responsable de esta prejubilación sino la Caja que para dársela se acoge a un pacto que se cerró en la etapa de desmanes de la entidad, que son los que la han llevado a la crítica situación.

La Caja está obligada a dar explicaciones, tal y como piden los sindicatos, y a aclarar por qué ahora decide prejubilar a Francisco Fernández, en una actuación que, sin duda es legal, pero muy sospechosa.