La Junta pone fin al descontrol

Fue en febrero del este mismo año cuando saltó el escandalo del diputado, Lupicinio Rodrigo, que obligó a la Junta a abrir una investigación en la se vieron implicados 86 funcionarios, que también desarrollaban su labor como políticos. Entonces, una denuncia demostró que Lupicinio Rodrigo se había ausentado de su puesto de trabajo como veterinario en la zona de Sahagún 256 días en un año, para asistir a comisiones y plenos de la Diputación.

Ahora, y a causa del escándalo que ese caso provocó, la Junta decide acabar con el todo vale, con la supuesta manga ancha que existía hasta esa fecha con los políticos sin dedicación exclusiva, a la hora de realizar su trabajo como funcionarios, y aplica a rajatabla su propia ley: el decreto 210/2000, de 11 de octubre, que regula las vacaciones, licencias y permisos del personal al servicio de la Administración de Castilla y León. Y desde ya ha puesto punto y final a los permisos y a las ausencias injustificadas.

Los políticos que quieran compaginar su labor en la vida pública con el trabajo de funcionarios deberán hacerlo en las apenas 2,4 horas a la semana que permite la norma o, lo que es lo mismo, 96 horas al trimestre. Esto significa que, tal y como dice el decreto de la Junta, sólo tienen permitido asistir a plenos y comisiones informativas o de gobierno. Para todo lo demás será necesario el permiso expreso de su responsable más directo.

Una medida que viene a poner fin al descontrol que existía hasta que estalló el caso de Lupicino Rodrigo, quien curiosamente ahora tiene dedicación exclusiva en la Diputación, por primera vez en los más de doce años que lleva como miembro de la institución provincial.

Acabar con el absentismo de los funcioinarios en su puesto de trabajo debe ser una prioridad de las administraciones, pero si éstos, además, son políticos mucho más porque ellos deben dar ejemplo.