editorial
Nuevos desahucios e indefensión ciudadana
Cierra León el balance anual de desahucios al 31 de octubre con la misma cifra (58) que el año anterior y con el análisis de que parece haberse contenido su crecimiento como consecuencia de la estabilización, cuando no caída, de la población inmigrante. Pero también con la advertencia desde la judicatura de que la nueva ley que regula el procedimiento y que entró en vigor el 1 de noviembre supone un recorte para las garantías de los ciudadanos, que no podrán recurrir una sentencia cuando la causa del litigio no supere los 3.000 euros y que además pueden verse sometidos a una resolución decretada por un secretario judicial. El objetivo es agilizar la actividad judicial y reducir la litigiosidad, pero se quejan los jueces de que no se les ha escuchado en este caso y advierten de la indefensión de las personas en un momento en el que lo más importante pasa por remediar las desventuras de los atribulados ciudadanos, víctimas del desempleo, la incertidumbre y la pérdida del nivel de vida. Si a ello sumamos el recorte de los derechos pueden producirse quebrantos sociales irreparables.