Santos culpables

Seguro que se han dado cuenta: hay ciertos días al año en los que, en las redacciones de los periódicos e informativos, parece que únicamente trabaja el encargado del archivo. Noticias y reportajes imperecederos que año tras año se repiten como una liturgia, tales como las operaciones salida y llegada de vacaciones, o el proteger a niños y mayores del sol cuando el calor aprieta. Con el tiempo uno se inmuniza y acaban convirtiéndose en poco más que un molesto rumor lejano.

En política sucede lo mismo, y los ciudadanos desconectamos de igual manera. Si bien es cierto que el maestro en este arte no es propiamente un político (o al menos, no ha sido elegido en ninguna votación), nuestros representantes públicos lo dominan a la perfección. Y qué duda cabe que el día de la Constitución, que acabamos de pasar, es uno de esos días señalados. Esos en los que la única labor del político de turno consiste en ponerse delante de un micrófono y repetir el mismo guión que pronunció 364 días atrás. Gobiernos y oposiciones, líderes y gregarios, a todos ellos les hemos visto estos días deshacerse en alabanzas a nuestra Carta Magna, y a sí mismos por salvaguardarla. Pero en este mar de lo políticamente correcto nadan los tiburones de la hipocresía.

Porque si uno no sucumbe a esta vorágine de tópicos y presta verdadera atención, captará un mensaje que, no por muy manido, deja de estar presente. Es entonces cuando yo, personalmente, les confieso que me lanzo a buscar un calendario en el que confirmar la fecha en la que vivimos. ¿Será aún 6 de diciembre, o acaso llegó ya el día de los Inocentes?

La Constitución es el gran testimonio de la madurez de España como democracia, de la primacía de la responsabilidad y el sentido de Estado sobre los objetivos individuales o partidistas, así como la garantía de nuestra soberanía, derechos y libertades. Como pueblo y como ciudadanos. ¿Entonces, cómo calificar, más que de inocentada, de broma pesada, la retahíla de intervenciones públicas de todos estos «Santos Culpables» que no hacen sino socavar cada uno de sus principios?

Como texto fundamental de nuestra democracia, la Constitución reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. En la realidad, cada día se vuelve más difícil aventurar donde reside esa soberanía, en constante mudanza, pero con una clara tendencia a alejarse de la piel de toro y establecerse en el Bundestag y los grandes parqués mundiales.

Por otra parte, y como consecuencia directa de lo anterior, lo que siempre fue un texto blindado frente a reformas de cualquier índole (incluidas algunas, como la relativa a la sucesión de la Corona, que goza de un amplio consenso social y que serviría para amoldarla a la vigente Ley de Igualdad) se convirtió en un borrador susceptible de ser modificado en apenas dos semanas y a tres meses de unas elecciones generales. Los españoles nos convertimos en una rémora para la reforma. Al fin y al cabo, ¿qué importa nuestra opinión cuando «los mercados» imponen la suya? Lo esencial es invisible a los ojos.

Y, como al zorro de El Principito , tal vez a los ciudadanos también nos hayan domesticado. Si en la Transición, de la que nació nuestra Constitución, los ciudadanos tuvieron al fin voz y voto, treinta años después, tenemos un voto sin voz.

Pero entre quienes sólo sumamos obligaciones, dejando a un lado los derechos que también reconoce nuestra Constitución, también existen distintas clases. Concretamente dos: los leoneses y el resto.

En un día como éste no podemos dejar de recordar que seguimos siendo la única región del Estado que, pasados ya 33 años desde que se iniciara el proceso autonómico, no ha podido constituirse en comunidad autónoma. Un derecho que reconoce nuestra Carta Magna en sus artículos 2 y 143 y que sólo se dejó por aplicar en el caso del País Leonés y de Castilla la Vieja. No es una opinión personal de quien escribe estas líneas, ni el argumentario de ninguna formación política, es la mera constatación de un agravio comparativo que cualquiera de ustedes observará al enfrentar la Constitución española y el actual mapa autonómico.

A partir de ese momento, otro principio recogido en el texto constitucional, el de solidaridad, pasó a aplicarse en un único sentido entre estas dos regiones, llevando a León a su actual situación de decadencia y falta de oportunidades. Una situación firmemente apoyada por los datos y estadísticas de empleo, demografía o desarrollo, pero que ningún leonés precisa comprobar, pues (casi) todos la sufrimos a diario.

Marginados de un Estado que, cuando el oportunismo político lo requiere, se deshace en dádivas a quienes con sus planteamientos (legítimos y respetables, como son siempre las ideas) rayan el límite constitucional, a la vez que se muestra férreo con quienes exigen, únicamente, idénticos derechos que el resto de regiones y nacionalidades.

No basta, pues, con celebrar la Constitución. Exijamos que se cumpla.