Somos diferentes

Mientras la España de pandereta se enzarza en peleas periodísticas sobre los negocios «sin ánimo de lucro» de Iñaki Urdangarín, en El Mundo , o sobre los trajes «sin ánimo» de Camps y Costa, en El País , en las que parece que nos va la vida pero que terminarán en nada; en Francia condenan a un expresidente de gobierno, Jacques Chirac, a dos años de cárcel por corrupción. Como alcalde de París, en los noventa, el turbio político contrataba irregularmente a correligionarios de su partido (o los registraba falsamente para financiarlo), pagados con dinero público. Un tribunal de París, pese a las presiones, lo condenaba la semana pasada. Aquí sería insólita tal condena, este tipo de argucias son pecata minuta. Si tuviéramos que llevar a los tribunales a los que han contratado a dedo a conmilitones, colapsaríamos los juzgados más de lo que ya están. No hay delito, solo responsabilidad ética y no está de moda ni se castiga.

Aquí por ejemplo, el Consejo Comarcal del Bierzo o algunos ayuntamientos leoneses le dan vueltas no a denunciar judicialmente a sus antecesores, sino cómo solucionar el problema con el que se han encuentrado al llegar: trabajadores contratados irregularmente, que son un dispendio para las arcas públicas. Unos, el caso de Cacabelos que con 5.000 habitantes llegó a tener más de noventa, esperan a que finalicen los contratos para no renovarlos, y así no entrar en conflicto con unos sindicatos que miraban para otro lado cuando se realizaban tales prácticas corruptas, pero que se lanzan a la calle si se pretende poner orden en el caos. Otros, como el Consejo Comarcal se ha encontrado con trabajadores a los que, sin informes de la intervención, los socialistas les hicieron contratos encadenados, que ahora hay que legalizar y hacerlos fijos o rescindirlos con grandes costes económicos y sociales.

Hay más ejemplos por todas partes pero son conocidos. Lo que quizá no lo sea tanto es que el crecimiento en el número de trabajadores públicos, que no funcionarios, es una de las causas del endeudamiento de las administraciones. La deuda, que supone ya un 66% del PIB, creció un 14,8% en el tercer trimestre deL 2011, hasta situarse en 706.340 millones de euros. Ésta responde a otras muchas razones, entre ellas a una reducción de los ingresos por la escasa actividad económica; pero no cabe duda que tantos trabajadores, muchas veces innecesarios y creados sólo por razones clientelares, es un hándicac al que han de enfrentarse las nuevas corporaciones. Lo que nos diferencia de otros países es que aquí los políticos no son responsables de nada. Pierden las elecciones, pasan el marrón a sus adversarios, y se van de rositas, incluso algunos con algún cargo, también conseguido con triquiñuelas políticas.