La Justicia

Los proyectos de reforma de la Justicia, que presentó el Gobierno el pasado miércoles, son un soplo de aire fresco. La Justicia se representa como una noble dama, en realidad una diosa —la romana Themis—, de esbelta figura que lleva una venda sobre los ojos, sostiene en una mano la balanza de la equidad y en la otra blande la espada de la ley. La diosa castiga, descargando su espada sin mirar a quien, a todo el que con sus acciones desequilibre la balanza. Si desde el punto de vista filosófico, la justicia es una de las virtudes cardinales que consiste en dar a cada uno lo suyo; para el jurista, sin renunciar a la fundamentación filosófica, a esa o a las diferentes definiciones y teorías en torno a la misma, es un medio práctico, mediante el Derecho y las leyes, para solucionar los problemas que surgen en la vida social y permitir la convivencia.

La leyes que aprueban las Cortes no son todo el Derecho ni éste es toda la justicia, pero en un Estado de Derecho, como el nuestro, están para cumplirse o para modificarse por el legislador. Los obligados a dar el Derecho son los jueces, cuya independencia debe ser el primer requisito en un Estado, que se fundamenta en la división de poderes. En estos últimos años, el desprestigio de los jueces y la innanidad de algunas leyes son evidentes. La semana pasada tuvimos muchos ejemplos de esto: manifestaciones contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla por el caso de Marta del Castillo, legal pero socialmente incomprensible; juristas y medios de una sedicente izquierda que jalean a un juez, Baltasar Garzón, acusado de prevaricación, despreciando la justicia, mientras consideran inaceptable que un tribunal popular absuelva de sus cargos —cohecho impropio— a Francisco Camps y Ricardo Costa, por ser del PP. Silencio ominoso de la corrupción socialista en Andalucía.

La politización de la Justicia es una lacra que tiene su origen en la reforma de Felipe González de 1985 por la que el parlamento, y no los jueces, nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, con lo que, como sentenció con satisfacción Alfonso Guerra, Montesquieu fue dado por muerto. Desde entonces la politización más grosera para sometar el Estado de Derecho al control del PSOE ha campado sobre nuestro país, con los desaguisados que hemos visto. Ruiz Gallardón, el nuevo ministro de Justicia, presentaba la pasada semana un ambicioso plan de regeneración y reforma de la Justicia. Hay muchas medidas, algunas valientes, como la revisión de la inicua ley que permite abortar a niñas de 16 años sin el consentimiento paterno; pero sin duda la de mayor calado, y que atemoriza a la izquierda, es la que busca evitar el intervencionismo político y lograr así una mayor independencia de jueces y fiscales.